Redacción: La Maye Rodríguez
La Defensoría del Pueblo pide se implementen de manera efectiva, las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana de inminencia 026 de 2021, a favor del pueblo kankuamo, cuyo territorio resultó afectado por el incendio de dos kankuruas (sitios sagrados de ceremonia), la madrugada del 12 de diciembre.
Hasta la comunidad de Minakalwa, corregimiento de La Mina en Valledupar, se trasladó una comisión de la Defensoría del Pueblo para verificar los daños y hacer acompañamiento a esta comunidad indígena que por tercera vez es víctima de este tipo de ataques.
“Acompañamos al pueblo Kankuamo ante las recientes vulneraciones de derechos de las que fue víctima la comunidad. Dos de sus casas ceremoniales fueron arrasadas por las llamas. Rechazamos estos hechos y reiteramos el llamado a las instituciones del Estado colombiano para que adelanten las investigaciones y se garantice a esta comunidad su derecho a la seguridad y a la integridad cultural”, indicó la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado.
Las casas ceremoniales son el espacio para los ejercicios tradicionales, la reflexión, la trasmisión del pensamiento indígena y cultural del pueblo Kankuamo. Lo sucedido es una clara e inadmisible vulneración a sus derechos territoriales y a su identidad cultural.
INVESTIGACIÓN
Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo kankuamo, reiteró que el incendio fue un atentando en contra del “corazón de nuestra cultura, se ha afectado este espacio sagrado, acción que se han convertido en una afrenta sistemática de violación a los derechos que tenemos como pueblo kankuamo”.
Destacó que este tipo de hechos, que no es la primera vez que ocurre, han sido denunciados permanentemente, por lo que insisten en pedir a las autoridades ordinarias, dar con los responsables materiales e intelectuales de esta deplorable acción.
Al respecto, las autoridades indígenas del pueblo kankuamo emitieron una denuncia pública en la que destacan “analizando las circunstancias en que se realizó el atentado, no tenemos dudas frente a que estos hechos fueron causados premeditadamente y de manera dolosa.
Además, estos ataques hacen parte de una práctica sistemática y recurrente de violencia cultural en contra de nuestro pueblo, sumados a la quema de las Kankurwas en las comunidades de Guatapurí, Atánquez, Chemesquemena, Los Laureles, Pontón y las causadas con anterioridad en la misma comunidad de Minakalwa”.
Adicional a ello, las amenazas a líderes y Autoridades, desapariciones, señalamientos, estigmatizaciones, presencia de personas armadas desconocidas y otros casos de violaciones a sus derechos, y en general el contexto de riesgos, amenazas y vulnerabilidades que han venido denunciando de manera reiterativa y han sido considerados en la Alerta Temprana por parte de la Defensoría del Pueblo.
De igual manera, destacan que les llama la atención que estos hechos se ejecuten a solo un par de días después de lanzar la campaña de rechazo a la implementación de algunos megaproyectos en el territorio de la Sierra Nevada de (Gonawindua) Santa Marta como la represa Los Besotes.
A la realización de un taller de revaluación de riesgos y medidas de protección con la Unidad Nacional de Protección, una reunión con la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, una reunión para acordar el plan de trabajo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto armado, y el levantamiento de la estructura física del Espacio de Regulación y Armonización Territorial en El Encanto.
“Exigimos al Estado Colombiano, por conducto de las instituciones competentes, cumplir su obligación de adelantar una investigación seria, célere y eficaz sobre estos atentados, así como judicializar y sancionar a los responsables. En este sentido, manifestamos nuestra plena disposición para brindar el apoyo y colaboración que se requiera, asimismo reforzar las medidas de protección necesarias para la salvaguarda de nuestros derechos fundamentales individuales, colectivos, constitucionales e integrales”.
