En las últimas horas en Costa Rica, la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica (UP).
Este caso tiene que ver con sucesivas y graves violaciones a los derechos humanos de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes de la Unión Patriótica, en hechos que comenzaron en 1984 y se extendieron por más de 20 años.
El Estado colombiano reconoció su responsabilidad parcialmente, pues reconoció a 219 víctimas, entre las más de 6.000 de las que hablan los demandantes, dice el expediente, presentado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por sobrevivientes de la UP en diciembre de 1993. Por ello, el interrogante más grande del fallo no es tanto la responsabilidad del Estado, pues parcialmente ya lo aceptó, sino el alcance de la reparación que se ordene.
La Corte declaró que el Estado es responsable por las violaciones de derechos humanos en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido, como consecuencia de un plan de exterminio
El juez Ricardo C. Pérez, presidente de la Corte IDH, dijo en la audiencia, que el tribunal internaconal encontró a Colombia responsable de violaciones a los derechos a la vida, integridad, garantías judiciales y honra de las víctimas, entre otros derechos, por asesinatos, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, entre otros delitos. «La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica, a partir de 1984 y por más de 20 años, como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes», leyó el juez.
LO QUE ORDENA LA CORTE
La Corte IDH ordenó al Estado poner en marcha, en no más de 2 años, una comisión para constatar la identidad de todas las víctimas. «Y concluirá en un plazo razonable las investigaciones para establecer la verdad y determinar las responsabilidades penales, y remover los obstáculos que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso», dice el fallo.
Así mismo, hacer una búsqueda rigurosa de todas las personas que continúan desaparecidas, y brindar tratamiento psicológico, médico o psicosocial a las víctimas que así lo requieran.
También tendrá que decretar un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP, construir un monumento en memoria de las víctimas, y hacer un documental sobre la violencia y estigmatización contra la UP. Se ordenaron así mismo indemnizaciones económicas.
