Las muestras de solidaridad con la Revista Semana no se han hecho esperar. Su directora publicó una serie de fotografías en la que se observan afiches con caricaturas en las que se le desacredita con adjetivos como paramilitar o con símbolos cercanos al nacionalsocialismo. El propio expresidente Álvaro Uribe hizo eco del mensaje de la comunicadora Vicky Dávila, quien originalmente responsabilizó a Gustavo Petro por los hechos. Los afiches son un claro rechazo a la forma como la Revista ha apuntado sistemáticamente a la estigmatización y en nombre del ensanchamiento de la audiencia, ha hecho trizas la ética periodística.
El planteamiento de Dávila como el de Uribe son inconsistentes y contradictorios. Ambos han sido responsables en buena medida de la estigmatización y el señalamiento a terceros. Basta recordar cómo Uribe solía menospreciar el trabajo de la prensa con casos como el de Carlos Lozano, director del semanario Voz, a quien acusó de cómplice de las FARC en 2007 apoyado en su ola de popularidad. Lozano hizo responsable a Uribe por su seguridad a raíz de un señalamiento tan delicado.
Nada justifica que se caricaturice a los periodistas, menos aún en un país tan violento, pero se debe tener en cuenta la relación de fuerzas que favorece ampliamente a Semana, una revista que, aunque diste ideológicamente del gobierno, hace parte de un establecimiento poderoso. Su directora ha puesto a circular con éxito el infundado lugar común de que la independencia de los medios se mide en proporción a la virulencia de la que hagan prueba respecto del gobierno. Una postura que está llevando al señalamiento de periodistas que no comparten su credo como “prepagos, lentejos, arrodillados o vendidos”.
Hace apenas unos días apuntó contra Cecilia Orozco poniendo en entredicho su independencia, como ya lo había hecho en el pasado cuando dirigió ataques contra colegas que supuestamente se habían arrodillado al gobierno. Lanzó una dura crítica a la W y concretamente a Julio Sánchez Cristo, por no hacer suficiente eco de las revelaciones de Semana sobre el escándalo de Marelbys Meza, ex niñera de Laura Sarabia a quien Dávila llegó a calificar como “la mujer más poderosa de Colombia”.
La estigmatización al igual que la censura se imponen desde una posición de poder, y en estos casos, Semana ostenta la capacidad de hacer ver a Sarabia como una abyecta y déspota funcionaria pasando por encima de la presunción de inocencia o para proyectar la imagen de Orozco como una periodista que se ha entregado al oficialismo. No es posible rastrear una sola vez en la que la directora de Noticias UNO, haya maltratado a un contradictor o entrevistado en redes o en medios como Dávila. Basta recordar los insultos en vivo a Hassan Nassar, el trino mofándose del físico de la activista Laura Beltrán (Lalis) o la entrevista en la que arrincona a Francia Márquez con preguntas tendenciosas sobre Cuba. El autor de esta columna recuerda cómo se preguntó en un escrito por esos días, el porqué a Márquez se le indagaba por el tipo de régimen y la democracia en Cuba, mientras que a todos los presidentes que visitan China, jamás les preguntan por la situación de derechos humanos o “¿a algún alto funcionario en las épocas de compras militares a Israel, se le preguntó su opinión por las violaciones a los derechos humanos en los territorios ocupados?”. Ha sido evidente el ensañamiento contra la vicepresidenta.
El poder de Semana parece incontestable, tan es así que está eximida de la rectificación. Ante las equivocaciones flagrantes, buena parte de los medios tiende a corregir o rectificar, pero la publicación que dirige Dávila hace caso omiso de forma sistemática (no esporádica). Basta asomarse a algunas piezas que contienen información falsa, apología al odio o información imprecisa y que siguen “al aire”.
En la versión web aún están publicadas: la pieza del 24 de junio de este año en la que se advierte que Vladimir Putin huía por el avance del Grupo Wagner, información varias veces desmentida; la entrevista a un supremacista antiderechos argentino cuya apología al odio quedó en un titular con tufo racista o la portada en la que se sugiere la responsabilidad de Piedad Córdoba y Rafael Correa en el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador. Esto se complementa con trinos publicitando noticias falsas como ocurrió el 10 de junio de 2022. De forma insólita, Dávila publicó un trino que salía de una cuenta patentemente falsa adjudicada a Gustavo Petro y que anunciaba medidas contra la libertad de prensa por parte de quien iba a disputar la segunda vuelta en menos de una semana. El mensaje de la directora de Semana indagaba públicamente por la veracidad de un trino visiblemente alterado, una clara intención por publicitarlo. El gesto pasó de agache y aunque parezca inverosímil, no fue borrado. ¿Cuántos periodistas en las democracias occidentales se pueden dar el lujo de publicar (¡y mantener!) una noticia falsa para afectar una candidatura.
María Andrea Nieto, otra de las opinadoras de la revista, suele hacer señalamientos ofensivos contra sus colegas como Carlos Cortés a quien señaló de “mandadero del comunismo chino”. Nieto además se sumó a la agresión verbal contra la activista Lalis -que había empezado Dávila, su jefe inmediata- insistiendo en su físico, todo en un país que se cansó de hablar de la salud mental en épocas de pandemia, pero que a la primera tentación recurre a la descalificación o a la agresión basada en los rasgos físicos. El pasado 29 de mayo, Nieto aseguró que la emisión del certificado de tradición y libertad de inmuebles, no podría tramitarse de forma virtual y que por “culpa del gobierno progre” habría que hacer la diligencia presencialmente. Inicialmente, varios periodistas hicieron eco de la denuncia, pero, tras la aclaración de que se cerraría solo una plataforma privada, mas no el servicio digital, otros comunicadores rectificaron. Sobresale Melquisedec Torres, reconocido por sus posturas contra el gobierno, pero quien aún así, confirmó que el servicio seguía en pie, por tanto, borró su trino. En contraste, Nieto dejó intacto su mensaje con una información engañosa que aún sigue publicada en la red.
Semana participa activamente de la estigmatización de periodistas, políticos, funcionarios y líderes sociales provocando el rechazo de un sector importante de la opinión que no aguanta más el giro editorial a expensas de la ética. Adjudicar la responsabilidad de los afiches al gobierno es una maniobra de distracción para evitar un debate inaplazable acerca de la función social de los medios de comunicación y el deber de respetar el artículo 20 de la constitución (derecho a la información). Los afiches (que expresan una hipérbole, más que un señalamiento expreso) son un claro mensaje de rechazo que se ha enviado de muchas maneras, pero que la revista decidió omitir en nombre de una libertad de expresión cuyo contenido y contexto desconoce.
Toda violencia debe condenarse, incluida la que se pueda interpretar de los afiches, pero nada exime a Semana de cumplir con los mínimos de rigor a la hora de manejar un poder que exige una responsabilidad social. Valga aclarar, el autor de la columna es enemigo de toda regulación legal y normativa de la prensa. El único control posible debe provenir de los mismos medios. Las márgenes de lo que publica, rectifica o reafirma están en la ética. Nos corresponde como ciudadanos recordar u opinar acerca de la gravedad de franquearlos.
