El 23 de septiembre el Gobierno Colombiano presentó un plan llamado “Estrategia Integral e Interinstitucional para la Vida y la Paz”, cuyo objetivo es proteger a los líderes y lideresas sociales y también a los defensores de derechos humanos, especialmente en las comunidades que se ven más afectadas por ataques en contra de esta población.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó que este plan tiene tres componentes principales:
Primero, el militar, con el Plan Perseo, una serie de operaciones conjuntas, coordinadas y de inteligencia de las Fuerzas Armadas para combatir las estructuras y subestructuras de los Grupos Armados Organizados y Grupos de Delincuencia Organizada. El Plan Perseo se diseñó a través de cinco líneas: inteligencia, judicialización, operaciones militares y policiales; el dinamizador que sería el racionamiento; y comunicaciones estratégicas.
“La estrategia del Plan Perseo es una respuesta eficaz para responder con contundencia a las acciones criminales de grupos al margen de la ley que persistan en la afectación contra la población civil y sus bienes, especialmente a lo que se refiere a la vida y a la seguridad (…) es un plan diferencial, dinamizador y potencializador”, dijo el comandante de las Fuerzas Militares, Mayor General Helder Fernán Giraldo Bonilla.
Segundo, el policial, con la operación San Pedro Claver, este cuerpo armado coordinará los operativos conjuntos e interinstitucionales para atender los diversos fenómenos criminales.
“Centraremos nuestro esfuerzo en impactar a las organizaciones que delinquen con una especial atención en los actores no violentos. Es decir, los que están detrás de las organizaciones criminales. (…) afectaremos las finanzas criminales derivadas de las actividades ilícitas (…) impactaremos cerca de 500 organizaciones multicrimen en los próximos tres meses”, mencionó el director general de la Policía Nacional de Colombia, Mayor General Henrry Armando Sanabria.
Tercero, el judicial, a cargo de la fiscalía general de la Nación, el cual busca romper los corredores regionales de criminalidad, actuando con contundencia contra los elementos que componen la cadena criminal.
“La fiscalía general de la Nación ha integrado su direccionamiento estratégico 2020-2024 y lo ha alineado frente al CONPES 4089 con el Plan Nacional de Política Criminal 2022-2025 (…) Para la Fiscalía y para el fiscal es tremendamente importante articular estos esfuerzos”, dijo el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa.
Iván Velázquez, durante la entrega del Plan, mencionó que este pretende la desarticulación de las organizaciones ilegales, pero que no se dirige solo a la captura de los integrantes de las estructuras, sino de manera radical contra las finanzas de esas organizaciones.
“Una estrategia que pretende la desarticulación de las Organizaciones Armadas Ilegales (…) porque entendemos que, si se logra sustraer las utilidades que esas organizaciones obtienen con su accionar ilícito, se debilita y se deben debilitar al punto de la desarticulación de esas estructuras”.
Para esto se requerirá incrementar los esfuerzos en la inteligencia y en el accionar de la Fuerza Pública en su conjunto, lo cual supone, además, la identificación de dichos recursos ilícitos, obtenidos en la actividad delictiva con una fuerte actuación en el tema del lavado de dinero o de activos.
Otro punto que mencionó el ministro de defensa es que se ha definido un seguimiento periódico en los territorios, con el fin de evaluar las acciones. Es decir, que todos los que componen esta estrategia trabajarán en conjunto y cada integrante deberá asumir y responder por la ejecución adecuada del Plan.
Los principales resultados operacionales obtenidos entre el 8 de agosto y el 20 de septiembre, en operaciones a cargo del Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, fueron: 237 capturas a miembros de grupos de delincuencia organizada y 1.223 a miembros de la delincuencia común.
Según Juan Camilo Rodríguez, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a esta estrategia aún le falta mucho para articularse con otros planes de urgencia para la protección de líderes y lideresas sociales, siendo un plan profundamente militar y reactivo que, de hecho, en los componentes que se mencionaron, no se habla de este tema en particular, ni por parte de la Policía ni del Ejército.
Rodríguez dijo: “me pareció llamativo que todavía se siente una desarticulación con las promesas de protección a comunidades que se encuentran en zonas de conflicto armado, siendo una estrategia pensada para el desmantelamiento o la lucha contra las estructuras multicrimen”.
El Ministerio de Defensa le dijo a Pares que se están realizando ajustes al documento escrito de esta “Estrategia Integral e Interinstitucional para la Vida y la Paz”, el cual será entregado posiblemente en los próximos días.
