Redacción: Maye Rodríguez
La corrupción siempre ha imperado en el municipio de San Onofre, y una muestra de ello es la mala administración de la exalcaldesa Maida Balseiro López, sobre quien reposan varios procesos penales, fiscales y disciplinarios en los entes de control.
Pero lo lamentable del caso, es que la administración municipal sigue teniendo ‘tentáculos’ de gobiernos pasados, que dirigen los recursos del territorio.
Un claro ejemplo está, según habitantes, líderes y veedores, en la mala administración de la exalcaldesa, en la cual la Contraloría General de la República detectó hallazgos del orden penal, disciplinarios, administrativos y fiscales.
Relata la Contraloría que el Municipio de San Onofre, dirigido en la época de los hechos por Balseiro, suscribió el 28 de agosto de 2019 con la Asociación de Municipios de la Costa (Asomucosta) el contrato cuyo objeto es el control de inundaciones mediante la canalización del Arroyo Pajuil, en el corregimiento de Rincón del Mar, por valor de $2.424.333.575,54 con plazo de ejecución de tres meses, bajo la modalidad de contratación directa, lo que es abiertamente contrario a derecho toda vez que viola el artículo 1 del Decreto 4375 de 2006 y Ley 80 de 1993.
Señala el ente fiscal que lo mismo hizo la interventoría suscrito por el Municipio de San Onofre con Edilberto Guevara Vázquez y que fue desarrollado sin el lleno de los requisitos de ejecución como lo es la aprobación de las garantías, lo que resulta a todas luces violatorio de las normas que rigen la contratación estatal.
Por ello, le solicitó a la Alcaldía información sobre los proyectos ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías y la respuesta fue que «en la administración pasada la Alcaldía extrañamente 14 días después de haber perdido las elecciones, la oficina de tesorería se incendió y esa administración no hizo empalme, de tal manera que me voy a permitir enviarle los documentos que hasta este momento hemos podido recuperar sobre estos contratos…».
En vista de eso, el equipo auditor de la Contraloría visitó la obra y verificó los ítems ejecutados, cantidades, estado y funcionalidad de la obra y el resultado es que el proyecto no fue ejecutado a pesar de encontrarse en estado terminado y con una ejecución financiera del 91.82%.
Se hicieron pagos al contrato de obra por valor de $2.212.333.574 y a la interventoría por valor de $167.132.085,96 tal como se evidencia en Gesproy y la ficha técnica del proyecto, indicó la Contraloría.
Criticó el ente fiscal el mal estado en que está la obra, además, está incompleta y no es funcional. Adicional que no existen antecedentes que se hubiesen ejecutado durante el contrato, por la ausencia real de evidencia que den fidelidad en la ejecución del proyecto, dice la Contraloría.
«La situación presentada en el contrato de obra obedece a deficiencias en el control, seguimiento, interventoría y supervisión de las obras ejecutadas. Presentan un presunto detrimento al erario público debido a las diferentes falencias en la estabilidad de la obra, incumplimiento de especificaciones técnicas de construcción, más las deficiencias en la ejecución de la interventoría», expresó la Contraloría.
