Desde Bogotá, fue trasladada la exgobernadora de La Guajira, Oneida Rayed Pinto Pérez, hacia la Cárcel Judicial de Valledupar, luego de una tutela interpuesta por el abogado defensor. El procedimiento no se había ejecutado porque la Fiscalía presuntamente, solicitó al Inpec no proceder en la medida.
La exgobernadora está privada de la libertad, desde el pasado mes de junio luego de presentarse ante la Fiscalía con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, ya que sobre ella pesaba una orden de captura desde el año pasado, luego de no presentarse más a las audiencias que se realizaban en los juzgados de Paloquemao en Bogotá.
La investigación en contra de Pinto Pérez, tiene que ver con presuntas irregularidades en contratos de obras para los años 2010-2011 en el municipio de Albania, La Guajira. La acusan de haber creado la fundación Princesa Negra, para realizar la auditoría al contrato de adoquinamiento de vías por más de $12.000 millones. Con esta acción, se concluyó que hubo detrimento de $5.981.965.192, cuyo monto habría sido usado con fines políticos.
La exmandataria, deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.
La tutela exponía que se debía cumplir con lo ordenado por el juez de control de garantías garantizando el arraigo familiar de la procesada, el cual podría ser Valledupar, Barranquilla o Cartagena.
