La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en cuantía de $21.282 millones de pesos, contra los exgobernadores de San Andrés y Providencia, Aury Guerrero Bowie y Ronald Housni Jaler, y otras 14 personas naturales y jurídicas, por el daño patrimonial que ocasionaron las irregularidades presentadas en la construcción del Megacolegio CEMED “Antonia Santos”.
Se trata de una obra sin concluir, abandonada y deteriorada, donde se pagaron mayores valores y se dieron fallas en la etapa de planeación.
Para adelantar este proyecto se suscribió el contrato de obra pública N° 1341 del 28 de octubre de 2014, entre la Gobernación del Archipiélago, entonces en cabeza de la exgobernadora Aury Guerrero Bowie, y la Unión Temporal Mega 2014.
Según estableció el ente de control fiscal, en el contrato de interventoría se cometieron errores en la aplicación del factor multiplicador, lo que ocasionó el pago de mayores valores por este concepto.
