La Fiscalía General de la Nación Seccional Bolívar le formuló cargos a Marina Mosquera Cuesta, quien fungía como representante legal del Fondo de Vivienda de Interés Social de Cartagena, Corvivienda para el 2009, por su presunta responsabilidad en la terminación irregular y posterior asignación de un contrato de construcción de vivienda.
El ente investigador le imputó a la exfuncionaria el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cargos que no fueron aceptados.
Inicialmente, Mosquera Cuesta suscribió una unión temporal con la firma Construmilenium S de H, para la construcción del proyecto de vivienda de interés social Villa Zuldany, para el Distrito de Cartagena.
Sin embargo, y según la denuncia instaurada el 12 de marzo del 2009 por dicha firma, cuando la obra tenía el 80% de avance en la construcción, se argumentó una urgencia manifiesta, se dio por terminado el contrato y se cedió a otro constructor para que lo finalizara.
La Fiscalía investiga lo señalado por la entidad supuestamente afectada y, por tratarse de hechos relacionados, unió el caso a otra denuncia interpuesta por el ciudadano Óscar Marín Villalba el 28 de agosto del 2009.
Según el material probatorio, a través de la Resolución N 059 de 5 de marzo del 2009, Mosquera Cuesta declaró la urgencia manifiesta dentro del Proyecto Villa Zuldany. Según el denunciante, el acto administrativo expedido no hace referencia a los motivos por los que se da esta declaratoria, los cuales, según la ley, debe exponer suficientemente.
