Falsedad en títulos del lote cedido a Shakira fue evidenciado en audiencia judicial realizada los días 15 y 18 de febrero. En la audiencia presidida por la Juez Quinta de Control de Garantías de Cartagena, Yuris Esther Ponce Fernández, quien conoce un hecho concreto de despojo por la Fundación Santo Domingo, los apoderados de las víctimas presentaron contundentes pruebas de la falsedad de títulos utilizados para iniciar los macroproyectos de vivienda como Ciudadela El Centenario.
De igual manera, el abogado Ángel Carrillo, uno de los apoderados de la familia Hernández, víctimas de este probable despojo, fue contundente en su intervención de 5 horas y media en las dos sesiones de la audiencia. Presentó pruebas difíciles de refutar sobre la evidente falsedad de la escritura utilizada por la Fundación Santo Domingo para la realización de sus proyectos de vivienda. Por ejemplo, mostró la génesis de la adulteración de la tradición de la matrícula No 060-54391.
Falsedad en títulos
Ángel Carrillo líder de las víctimas de los Santo Domingo. Fue contundente en la audiencia a favor de los Hernández.
Alfredo del Campo de Castro es el sujeto que inició una cadena de falsedad hasta llegar a las propiedades espurias de la Fundación Santo Domingo. Es imperioso anotar que la propiedad legítima de esos terrenos es de los Hernández. Data desde el 7 de agosto de 1940. Precisamente el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena emitió la sentencia de sucesión de la propiedad registrada a nombre de Pedro Hernández, quien era un hombre iletrado. No sabía leer ni escribir.
Posteriormente su mayordomo Alfredo del Campo de Castro —quien conocía los pormenores de los derechos de su patrón— alteró unas escrituras para constituirse ilegalmente como cesionario del finado. Mostró la supuesta compra de derechos herenciales a los herederos.
Sin embargo en la audiencia mostraron pruebas de esa falsedad. El número de las cedulas, por ejemplo, con que se identifican los supuestos vendedores de los derechos herenciales, no pertenecían a ellos. Inclusive, el número de la cedula con que se identificó el mismo Alfredo del Campo no era de su cédula.
Se evidenció que en ningún momento vendieron los derecheros herenciales. El abogado Ángel Carrillo señaló que existen dos elementos para llegar a esa conclusión. El primero, que los supuestos cedentes no sabían leer ni escribir. Tampoco estampar sus firmas. Carrillo presentó como prueba fehaciente la certificación de la Registraduría General cuando Supuestamente dos de los herederos de Pedro Hernández aparecían vendiendo sus derechos herenciales a del Campo de Castro.
De la falsedad en títulos a la nulidad
Con la escritura falsa y la alteración ilegal de la tradición de las propiedades de los Hernández, los Santo Domingo adquirieron esas tierras. Hicieron que el gobierno las declarara de utilidad pública con el fin de desarrollar macroproyectos de vivienda de interés social. Una vez logrado ese cometido, procedieron a levantar sus proyectos.
El 12 de febrero de 2020 —hace un año— publicamos una de las cuatro entregas sobre este despojo. En la audiencia se ratificó todo lo informado. Por ejemplo, revelamos lo siguiente:
«Las tierras pasaron de Alfredo del Campo a Luis González. En 1997, González aparece entregando esos terrenos a la Fundación Santo Domingo en forma de Fideicomiso Patrimonio Autónomo Fundación Mario Santo Domingo. El fideicomiso se elevó a escritura pública luego que a folio No 060161513, en su primera anotación del 5 de mayo de 1997, exactamente 100 años después de que Pedro Hernández adquiriera esos terrenos».
Ángel Carrillo también ratificó lo que ya habíamos informado cabalmente. Teníamos las pruebas que usamos para señalar que la falsedad se consolidó cuando los títulos espurios pasaron a la Fundación Santo Domingo:
«Inversiones González Franco y Compañía S.C.S hizo un englobe sin que se inscribiera en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Este predio, pertenece a la propiedad de los Hernández en Puerto Rey, que Luis González le llamó Catalina».
En esta ocasión —ya no en un escenario periodístico— la información y las pruebas pasaron por el tamiz de una audiencia pública. Audiencia que se había dilatado por las distracciones jurídicas de los apoderados de la fundación Santo Domingo. En esta oportunidad, los Santo Domingo fueron representados por el abogado Francisco Bernate, Presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.
Los predios del colegio Pies Descalzos
La génesis de la falsedad —como se dijo— se inició con la falsificación de la tradición de la escritura madre No 060-54391. Este hecho demuestra que, incluso, el lote que la Fundación Santo Domingo donó a la Fundación Pies Descalzos de Shakira, es espurio. Es decir, no le pertenece a los Santo Domingo sino a los Hernández.
Shakira había venido a Cartagena para ponerle la primera piedra al colegio que edificará en esos terrenos que realmente le pertenecen a los Hernández. Hace un año dijimos:
«El alcalde William Dau Chamat y su administración ya se arrodillaron ante los Santo Domingo. Se reunieron en el proceso de empalme, y lo hicieron después. Pero no solo Dau es el único arrodillado, también su secretario del Interior David Múnera Cavadía, la directora del Plan de Emergencia Social Karen Margarita Gutiérrez (líder afro), el director de Corvivienda Néstor Edilson Castro Castañeda (ex detective del DAS), y la Secretaria de Educación Olga Acosta Amel.
El incorruptible alcalde William Dau, como buen exponente de la élite de «Papi y Mami», está dispuesto a seguirle sirviendo a los Santo Domingo sin cuestionar las evidencias que hemos publicado a lo largo de un año. En esta audiencia se presentaron las pruebas que habíamos analizados desde el punto de vista periodístico.
De la falsedad en títulos a la revocatoria directa
La falsedad de los títulos exhibidos por la Fundación Santo Domingo puya el ojo. De hecho, los defensores de la víctima evidenciaron pruebas contundentes para demostrar la falsedad de los títulos utilizados por la Fundación Santo Domingo para sus macroproyectos.
Al demostrarse la falsedad en los títulos, ahora los abogados manifestaron que ya iniciaron el proceso de revocatoria directa de los actos administrativos obtenidos ilegalmente.
En ese sentido el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que declaró esos terrenos «predios de utilidad pública» mediante resolución No 2362 de 2008, deberá atender la petición de los verdaderos dueños. Es decir, declarar nula dicha resolución porque se obtuvo por una falsedad comprobada. De hecho, los Santo Domingo crearon un macroproyecto económico vendido en forma de vivienda de interés social (Bicentenario, Colombiatón, etc.) y de «beneficencia para los más pobres» basada en un despojo de familias afros, como los Hernández. Así como lo hicieron con otras familias afros de Cartagena, como los Meza Marimón.
El hecho de que se haya dado la audiencia judicial, es un avance para esclarecer una situación oscura disfrazada de interés social. Los Santo Domingo quedaron malparados con la realización de este evento judicial. Si la Juez de la causa imparte justicia, los Santo Domingo tendrán que hacer el «vómito marrón»: devolver a las familias despojadas sus propiedades.
