La Fiscalía General de la Nación en Colombia logró un importante avance en la lucha contra el narcotráfico. Se tomaron medidas para asegurar tres propiedades relacionadas con Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, y el Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estas propiedades, ubicadas en Valledupar, fueron registradas a nombre de la esposa de Jorge 40 como parte de una estrategia para ocultar dinero ilegal.
“Las propiedades, ubicadas en Valledupar, #Cesar, habrían sido registradas a nombre de la esposa de ‘Jorge 40’, como parte de una maniobra de ocultamiento del patrimonio ilícito. Entre los inmuebles afectados está la finca El Mamón, que tiene una extensión de 150 hectáreas.” Escribió la Fiscalía General de la Nación desde su cuenta de Twitter.
Según la Fiscalía, las propiedades tienen un valor total de más de 5.000 millones de pesos y fueron utilizadas por Jorge 40 para esconder su riqueza ilícita. Una de las propiedades, llamada finca El Mamón, fue utilizada como centro de entrenamiento para los grupos paramilitares en esa área del país. La finca tiene un valor de más de 2.600 millones de pesos y abarca 150 hectáreas.
Además de la finca, las otras dos propiedades de Jorge 40 están ubicadas en la zona urbana de la capital del departamento del Cesar, y tienen un valor aproximado de 2.120 millones de pesos.
Jorge 40, quien fue líder del Bloque Norte de las AUC, participó en varios ataques contra la población civil y aparentemente acumuló una gran fortuna que se sospecha fue transferida a sus familiares. El uso de propiedades registradas a nombre de su exesposa es una táctica comúnmente empleada en actividades criminales para ocultar dinero ilícito.
Las medidas para asegurar estas propiedades se lograron gracias a la acción de la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Barranquilla, específicamente a través de un magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz.
«La labor investigativa realizada por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional permitió establecer que los mencionados bienes, al parecer, fueron adquiridos con dineros producto de las actividades ilegales del Bloque Norte de las AUC. En este sentido, fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo. En los próximos días la Fiscalía entregará los inmuebles al Fondo para la Reparación a las Víctimas para su administración», indicó el ente acusador
