Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador de Magdalena, Omar Ricardo Díazgranados Velázquez, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
Los elementos de prueba dan cuenta de que, en medio de nueve grandes irregularidades, el exmandatario dirigió y permitió la celebración, ejecución y liquidación de un contrato y una adición que tenían por objeto garantizar la prestación de servicios administrativos y de aseo en los colegios del departamento, entre agosto de 2009 y abril de 2010.
Algunas de las inconsistencias se concentraron en los estudios previos, en el entendido de que se fijó sin justificación un plazo inicial de seis meses para cumplir las actividades previstas. Tampoco fueron explicados los fundamentos para realizar esa contratación, no se indicó si respondía a las necesidades que había en las instituciones educativas; y de manera caprichosa se destinó un presupuesto con el argumento de que serían contratados 872 trabajadores para cubrir los diferentes ítems, en jornadas laborales de 12 horas diarias, por encima de las 10 horas contenidas en la norma.
Los elementos de prueba indican que no se estimaron los riesgos en la contratación ni se asignaron responsabilidades sobre estos; se abrió el proceso de licitación para brindar servicios administrativos y de aseo en los colegios, dejando por fuera el mantenimiento que había sido contemplado en los estudios preliminares; y se elaboró un pliego de condiciones confuso, que limitó la participación de aspirantes con experiencia en el sector privado.
Asimismo, se acreditó que no se hizo una adecuada evaluación de la propuesta de la empresa que resultó adjudicataria y se dejaron de considerar en este trámite algunos requisitos del pliego de condiciones, y aun así se suscribió el contrato. Posteriormente, fue otorgada una adición que aumentó 2 meses y 20 días el tiempo de ejecución, e incrementó el presupuesto de 6.980 millones de pesos a 10.328 millones de pesos. Estas ampliaciones también se hicieron sin justificación alguna.
De otra parte, el contrato fue liquidado y se pagaron los valores que estaban pendientes de cumplimiento, según lo advertido por el supervisor, al haber sido contratados los servicios de 872 operarios, pero solo se utilizaron 831. A esto se suma que, en los documentos presentados para soportar la ejecución efectiva, aparece contratado mayor personal al que verdaderamente fue empleado en los planteles. De esta manera figuran secretarias, aseadoras, auxiliares, bibliotecarias y guardas de seguridad que nunca tuvieron vínculo laboral.
Finalmente, los investigadores y peritos contables del CTI detectaron que el entonces gobernador de Magdalena habría permitido que la empresa contratista se apropiara de 2.610 millones de pesos que hacían parte del erario. 2.223 millones de pesos corresponderían a sobreestimación, sumas que el departamento fijó por encima de los valores reales establecidos en el momento; y más de 387 millones de pesos serían pagos por 41 operarios que nunca fueron contratados.
Por todo lo anterior, la Fiscalía considera que Omar Ricardo Díazgranados Velázquez, en su condición de mandatario, presuntamente faltó a los deberes de vigilancia, supervisión y control sobre los dineros públicos al permitir el trámite, celebración y liquidación del contrato y la adición objeto de investigación.
