Se les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado.
Los hechos materia de investigación están relacionados con la celebración de un contrato por valor de 500 millones de pesos, cuyo objeto era la adquisición de 20.000 mercados para la población afectada por la emergencia ocasionada por el COVID-19.
Las irregularidades estarían relacionadas con la simulación del proceso de selección de ofertas y estudio de mercado, que derivó en una contratación direccionada a la firma contratista. Para su adjudicación se habrían falsificado documentos como cotizaciones con los que se construye el estudio de mercado.
El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cereté se abstuvo de imponer medida de aseguramiento. La Fiscalía apeló la decisión.
