La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades contractuales a dos de los actuales candidatos en la contienda electoral del departamento del Cesar. Se trata del exgobernador y fuerte aspirante a repetir ese cargo, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, y el exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales.
En el documento también se acusa los exsecretarios General, César Cerchiaro de La Rosa, y de Educación de la Gobernación del Cesar, Juan Carlos Calderón Araujo, porque al parecer vulneraron el principio de transparencia y selección objetiva al suscribir el estudio previo del proceso de selección No. LP-SGR-0004-2013, y firmar la Resolución 001713, que adoptó el pliego de condiciones para el proceso contractual y el contrato No. 2013-02-0808.
El órgano de control le cuestiona a Luis Alberto Monsalvo, el no ejercer control y vigilancia en la etapa precontractual del proceso, y en la celebración del negocio jurídico, permitiendo, aparentemente, que el entonces secretario de Educación determinara como modalidad de contratación la licitación pública, cuando correspondía adelantar una selección abreviada, teniendo en cuenta que se trataba de acuerdo de voluntades para la dotación de vestido y calzado de los docentes adscritos al departamento del Cesar.
A Cerchiaro de La Rosa se le investiga por incluir presuntamente, criterios de calificación no objetivos, y una condición que pudo haber restringido la libre concurrencia de oferentes.
La Procuraduría, en otra investigación, formuló cargos al exalcalde de Valledupar, y actual candidato del partido Verde y Colombia Renaciente para la administración municipal Fredys Socarrás Reales, por presuntas irregularidades relacionadas con la suscripción del pliego de condiciones, en el proceso de subasta inversa No. SASI 015-2015, por cerca de $2.000 millones.
Además reprochó el presunto actuar irregular de la exjefe de la Oficina Jurídica, Mery María Romero Mestre, al adjudicar la subasta a través de la Resolución No. 003892 y celebrar el contrato 784, del 28 de diciembre de 2015, sin presuntamente tener en cuenta que el pliego, al parecer, tenía condiciones restrictivas y discriminatorias de la libre concurrencia de oferentes.
La Procuraduría cuestionó una presunta vulneración al principio de transparencia y responsabilidad y calificó de manera provisional la supuesta falta de los investigados, como gravísima a título de culpa gravísima.
