Redacción: laregional.net-
Desde los primeros días del mes de diciembre del 2020, Koguis, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos, han denunciado de modo insistente las amenazas de que son víctimas por parte de los grupos armados dedicados al narcotráfico que continúan delinquiendo en uno de los más importantes ecosistemas estratégicos del Magdalena y del país como lo es la Sierra Nevada de Santa Marta.
Por esta razón, han solicitado al Gobierno Nacional garantías y protección para sus vidas, sin que hasta el momento se le ofrezca la debida atención por parte del Estado.
En este mismo sentido, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, ya había realizado varias denuncias por la presencia de los grupos armados organizados, y pidió la intervención de los organismos de seguridad del Estado con el propósito de impedir su accionar delincuencial y, de igual modo, evitar que los cultivos ilícitos destruyan la socio-biodiversidad de la Sierra Nevada.
Es así como, el pasado 27 de enero el cabildo gobernador Kogui, Atanasio Moscote, denunció ante la Fiscalía General de la Nación que varios encapuchados irrumpieron con armas cortas a la zona donde las autoridades tradicionales desarrollaban una reunión, quienes recibieron amenazas contra sus vidas; hecho que produjo de inmediato el desplazamiento de la comunidad al corregimiento de Palmor, jurisdicción de municipio de Ciénaga.
A esta denuncia se suma la realizada por líderes sociales, campesinos y ambientalistas de 48 veredas del corredor turístico que une a la capital del Magdalena con La Guajira, en donde se destacan los corregimientos de Guachaca y Buritaca, zona rural de Santa Marta, quienes han denunciado diferentes amenazas en los primeros días de este año. La situación que se agudizó tras el asesinato de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, ocurrido el 20 de diciembre del año pasado. Frente a esta situación, cabe añadir, que en el periodo comprendido entre el 2019 y el 2020 se presentaron 6 asesinatos y una desaparición forzada.
Estos sucesos se producen en medio de la reactivación de los grupos paramilitares en el departamento, que además, pretenden utilizar a la Sierra Nevada como corredor para la producción y tráfico de estupefacientes y también de armas. En medio de esto, cabe preguntarle al Gobierno Nacional ¿qué ha pasado con el Batallón de Alta Montaña que se creó para proteger la vida, bienes y la riqueza ambiental y cultural de la Sierra Nevada?
Por eso, desde Fuerza Ciudadana y, como lo ha hecho la Gobernación del Magdalena, le exigimos al Gobierno Nacional investigar los hechos aquí denunciados, que se judicialice a los responsables de los mismos y se proteja a la Sierra Nevada frente al rearme paramilitar, sobre todo cuando el país y la región saben del regreso del excomandante paramilitar Hernán Giraldo. Así mismo, demandamos la debida protección de la Sierra Nevada como área protegida, declarada por la Unesco como reserva de biosfera en 1979, y como territorio sagrado de los pueblos originarios.
Desde Fuerza Ciudadana hacemos un llamado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos tanto a nivel Nacional como internacional para que presten especial atención a lo que sucede hoy con nuestras comunidades originarias.
