La Gobernación de Sucre tiene un nuevo lío juridíco por el no pagó de servicios prestados por parte de una IPS de nombre Nueva Esperanza y la Fundación Camino a a Virtud, quien presta atención médica a pacientes con enfermedades mentales, pertenecientes a la población pobre no asegurada y que pasan a ser responsabilidad de la administración departamental.
Ante estos hechos Jeo Martínez Herazo, representante de dichas organizaciones contó a El Meridiano que el departamento de Sucre se vio envuelto en el 2017 en un escándalo llamado el “cartel de los enfermos mentales”.
Ahí dice que sus IPS fueron llamadas a indagatoria por la Fiscalía, quien en su momento hizo un comité técnico jurídico determinando que el servicio fue prestado y causado.
Aclaró que esos servicios prestados no le habían sido pagados, y que cómo presuntamente estaban siendo indagados por la Fiscalía, el departamento se negó a pagarles.
“Con ese soporte que me da la Fiscalía y las facturas de la prestación del servicio, comencé a solicitarle al Departamento que me pagara. Pero con esa recriminación de que había ese escándalo penal, yo demostré que las IPS no pretendió cobrar lo no debido. La Fiscalía tenía en custodia las facturas, por lo cual no podía tramitar ningún proceso contra el departamento. Pero tiempo después la Fiscalía a través de un acta, me devolvió las facturas. Cuando se demostró que el servicio fue prestado, causado y no se cobró lo indebido, el Departamento procedió hacer una conciliación. Se levantó un acta en el cual se certificó el valor a pagar”, explicó Martínez.
La deuda a pagar a las dos IPS, Nueva Esperanza y Fundación Camino a la Virtud, suman más de 28 mil millones de pesos. Esto sin meter los intereses moratorios, pues esto está en demanda.
Agregó que una vez certificado el valor a pagar, la entonces secretaria de Salud de Sucre Patricia Chica, quien también continuó dos años más en el actual gobierno de Héctor Olimpo Espinosa, expidió una resolución en la que deja en firme el valor a pagar de ambas deudas, de la IPS Nueva Esperanza y la Fundación Camino a la Virtud.
Pero alega que, ante la negativa del ente departamental en pagarle tal deuda, que suman las dos, él instauró una demanda ejecutiva laboral, para que se le hicieran valer sus derechos.
La demanda la resolvió el Juzgado Primero del Circuito de Corozal, es decir, la juez Clarena Lucía Ordóñez, quien libró mandamiento de pago contra la Gobernación de Sucre.
“El departamento no se ha indignado a cancelar las cuentas porque en estos casos se mueven muchos ambientes políticos, extorsivos, coimas, pues cuánto me das y te pago la cuenta. Entonces que dijo la Gobernación cuando mostré la legitimidad de mis cuentas, cuando aclaré el tema con Fiscalía, cuando un juez de la República decidió estudiar mi proceso y libró mandamiento de pago, se inventó una nueva figura para poderle quitar comisión y coimas a los prestadores de servicio de salud”, alegó Martínez.
Tal figura dice Martínez, inventada por el gobernador y Santiago Alcalá, esposo de la senadora Karina Espinosa, fue contratar una firma para auditar lo que, según, Martínez ya estaba auditado hasta por la misma secretaria de Salud Patricia Chica, que recalcó Martínez continuó en el gobierno de Espinosa.
“Esa firma auditora ha dicho de todo porque no accedí a darle la mitad de la plata. Soy víctima del departamento de Sucre, soy víctima de Santiago Alcalá, soy víctima de alguna manipulación grandísima, por eso tengo denunciado penalmente a Santiago y Carlos Alcalá, a la directora de la firma esa donde se piden las extorsiones y a varios financieros que le siguen el juego al gobernador. A través de la firma auditora que ellos contrataron buscan, si uno no se pone de acuerdo para darle la coima, inventar cuanta traba en este proceso para no pagarme. Este caso mío tiene varios procesos adelantado hasta ante un juez de la república, para ver si tenía el derecho a ese pago. Todos me han dado el derecho hasta ahora”, dijo Martínez.
Manifestó que esta lucha por lograr ese pago le ha causado quebrantos de salud, pues ahí tiene invertido su patrimonio en la prestación de ese servicio, que, según él, lo prestaron con buena fe a esos pacientes.
“El gobierno más perverso que he conocido en mi vida ha sido el de Héctor Olimpo Espinosa. Parte de que mis servicios están amparados por muchas legitimidades, como órdenes de servicios dada por la misma Secretaría de Salud, tienen informe de auditoría, hay resolución de pago, en fin y así se inventan cualquier cosa para no pagarme. Pero entendí el juego y pienso que son cosas que Dios permite para luego alzarnos en victoria. Soy un hombre de proceso y me propongo que lo que inicio lo termino”, alegó.
Recalcó que ha sido una lucha perversa ante la Gobernación en no pagar los compromisos, como si ese dinero fuera “patrimonio de ellos”, pero deja claro nuevamente que les entendió el juego y lo que quieren es plata. “Yo no accedí a darle la mitad de la plata de mis cuentas a Héctor Olimpo y a Santiago Alcalá. Es delicado lo que estoy diciendo, porque hay que demostrarlo, pero igual tengo como”, expresó.
