A través de un comunicado a la opinión pública la Gobernación del Magdalena denunció que en la sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la RAP Caribe, celebrada el 31 de marzo del presente año, los gobernadores de La Guajira y Cesar, los delegados de Sucre, Córdoba, Bolívar y Atlántico no tramitaron la solicitud del OCAD Caribe ni la propuesta de dicha administración, respecto a la designación del ejecutor para el proyecto del PAE Magdalena, afectando a 141.000 niños y niñas magdalenenses.
Desde que inició el PAE como programa ejecutado por las entidades territoriales en el año 2016, ha contado con recursos de regalías y ha sido la Gobernación la operadora de dicho proyecto, para lo cual ha contratado la prestación del servicio mediante licitación. El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, desde el 22 febrero del 2021 radicó el proyecto PAE Magdalena ante el DNP, siendo aprobado técnicamente por el MEN en mayo, viabilizado por el DNP y aprobado por el OCAD en diciembre de 2021.
«Los gobernadores del Caribe aliados de los clanes políticos regionales deliberadamente han impuesto un bloqueo al Magdalena con el concurso del presidente Duque, evidenciado el 22 octubre de 2021, cuando deciden por primera vez no aprobar el proyecto del PAE luego de 8 años de haberse venido aprobando, utilizando argumentos falaces que las evidencias dejan sin soporte legal. Hundieron el proyecto presentado por la Gobernación del Magdalena y nos obligaron a reformularlo con el Ministerio de Educación y de Hacienda para presentarlo nuevamente ante el OCAD, como en efecto lo hicimos, cumpliendo todos los requisitos del Sistema de Regalías», dice el escrito.
Indicaron que padres de familia de los municipios interpusieron tutelas para lograr la aprobación del proyecto, pero negaron que el ente territorial fuese el ejecutor de los recursos, bloqueando la prestación del servicio de alimentación a los niños y niñas del Magdalena. “Es un acto criminal afectar los derechos de la niñez por razones políticas, lo que constituye una grave violación de los derechos humanos fundamentales”.
Sostienen que es irregular la decisión del OCAD (6 de diciembre de 2021) de designar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ejecutor del PAE, a sabiendas que no era competente, quedó en evidencia con las respuestas del ICBF y del Ministerio de Educación, quienes ratificaron lo dicho por la Gobernación del Magdalena, en el sentido que no procedía esa designación, constituyendo una decisión arbitraria y contraria a la ley.
“Cometieron con ello, prevaricato y presuntas faltas disciplinarias, quienes abusivamente presionaron por la asignación del ICBF como ejecutor. Nuevamente reiteran dicha conducta dolosa, el 17 de febrero de 2022, cuando aprobaron la designación de la RAP Caribe, como entidad ejecutora del PAE Magdalena, pese al voto negativo de la delegada del MinHacienda, dado que había claridad normativa según la cual los únicos responsables de la ejecución del PAE son los departamentos, distritos y municipios”.
La Gobernación del Magdalena abrió un proceso de licitación pública desde enero para garantizar el servicio de alimentación, en el cual, no se presentó ningún oferente. Sin embargo, abrimos un proceso de contratación por 102 días calendario escolar con recursos propios y del SGP que solo cubre el programa hasta septiembre, haciendo necesaria la aprobación de los recursos de regalías para cubrir todo el año escolar.
Por ello han puesto en conocimiento de los órganos de control para que se investiguen y sancionen estas conductas contrarias a la ley, que sólo buscan apropiarse de los recursos públicos y refuerzan una estrategia de persecución política contra un gobierno alternativo elegido democráticamente por el pueblo. Alertamos a todos los sectores sociales e institucionales a pedir respeto y garantías para el goce de los derechos fundamentales de la niñez del Magdalena.
