La ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, asistió a la audiencia de seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 liderada por la Corte Constitucional, que declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada y exige al Estado, entre otras, adoptar medidas para superar fallas en la política pública de educación y garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado.
Durante su intervención, la ministra Aurora Vergara afirmó que el Ministerio de Educación Nacional está velando por la garantía de la prestación del servicio educativo para las poblaciones más vulnerables del país, haciendo énfasis en la atención integral a la población víctima del conflicto armado.
«Estamos trabajando de manera articulada con las Entidades Territoriales Certificadas para que este estado de cosas inconstitucional en el sector educativo pueda superarse en el país. Nuestro compromiso se ancla en una visión de restauración de la dignidad de las víctimas. Por esta razón, estamos fortaleciendo la formación integral con un componente socioemocional que aporte a la salud mental de los niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado», afirmó la jefe de la cartera educativa.
La funcionaria agregó que durante el Gobierno del Cambio, atendiendo el compromiso con la progresividad de los derechos de las víctimas, se ha incrementado de manera sustancial la disposición de recursos para el ‘Fondo de preparación para el acceso, permanencia y graduación en educación superior para la población víctima del conflicto armado en Colombia’.
Ministra Aurora Vergara en la Corte Constitucional
«El presupuesto del Fondo educativo para las víctimas del conflicto armado aumentó de $8.910.000.000, asignados para la vigencia 2022, a $78.305.165.000 en la vigencia 2023, dando un salto significativo y garantizando la ampliación en la convocatoria de aspirantes, así como una cobertura más alta para el acceso a la educación superior. Estamos hablando de un incremento de más del 700 % en recursos», indicó la ministra Vergara Figueroa.
En el marco de este compromiso con los nueve millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, el Gobierno Nacional ha dispuesto para la vigencia 2024, la asignación de recursos por el orden de $102.572.730.000 para el Fondo educativo que desarrolla estrategias y soluciones duraderas de retención estudiantil, diferenciales y preferenciales con enfoque de reparación integral. Esto representa un nuevo incremento presupuestal para esta convocatoria.
«La educación y la paz son un mismo proyecto en el Gobierno del Cambio. Nuestro compromiso es trabajar con el fin de consolidar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva la paz y la justicia social para la transformación de los territorios. La paz también se construye desde los pupitres y patios de las instituciones educativas. Es una tarea diaria y constante que debe replicarse en las aulas de clase y que implica un trabajo mancomunado entre los maestros y maestras, las familias y los cuidadores, los estudiantes y toda la comunidad educativa», expresó.
Finalmente, la ministra concluyó su intervención afirmando: «el aporte del Ministerio de Educación Nacional a la construcción de paz se refleja hoy en una apuesta legislativa que busca garantizar el derecho fundamental a la educación en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la superior. Con este aporte, el sector educativo le apunta a superar las desigualdades y a cerrar brechas mediante la construcción de una sociedad del conocimiento y los saberes propios. En este contexto, los niños, niñas y jóvenes, especialmente aquellos que viven en comunidades rurales y en territorios históricamente excluidos y afectados por la violencia, podrán aprender en espacios educativos dignos para su bienestar y su formación. Estos espacios serán seguros y libres de discriminación y racismo».
