En las últimas horas el ministro del Interior Luis Fernando Velasco firmó un convenio Internacional de cooperación con el Reino de España con el objetivo de combatir de manera integral, el delito de trata de personas en cinco departamentos del país
En el encuentro se formalizó la donación de dos millones de euros para apoyar al Estado colombiano en la implementación y consecución de estrategias para fortalecer la lucha contra la trata en Nariño, Chocó, Antioquia, La Guajira y Norte de Santander.
“Tenemos que hacer un gran esfuerzo para visibilizar una realidad dolorosa. Estas son unas mafias que mueven millones de euros y dólares y, por ello, valoramos profundamente que el Reino de España nos ayude y se firme este convenio», dijo el ministro.
Explicó que este convenio no es únicamente de recursos sino la decisión de un país de reconocer la existencia de este delito y tomar medidas para enfrentarlo.
“Hemos detectado más de 300 casos en los últimos meses. También está el caso de niños que roban para mendicidad, así como las personas con discapacidad que se las roban para mendicidad», señaló.
Velasco indicó que con España se adelantarán “tareas que nos permitan enfrentar este delito en su punto de llegada, el origen puede ser América Latina, África, e incluso Asia».
El proyecto busca implementar estrategias como creación de planes locales con el propósito de combatir eficazmente la trata de personas, a través de la prevención del delito, fortalecimiento de capacidades de identificación, referencia, investigación y enjuiciamiento, protección y asistencia a las víctimas, y la elaboración de protocolos para facilitar la reinserción laboral.
El embajador de España en Colombia, Joaquín de Arístegui, manifestó que “estoy seguro que cuando analicemos los resultados en los cinco departamentos colombianos que se van a beneficiar directamente de este proyecto, podremos ofrecer buenas experiencias y prácticas a otros países del mundo».
La trata de personas es el tercer delito más lucrativo del mundo. Cifras de Naciones Unidas demuestran que las tasas de detección cayeron 11% en 2020 y las condenas se desplomaron 27%, lo que ilustra una ralentización mundial de la respuesta de la justicia penal a la trata de personas.
