El gobierno anunció que en los últimos 20 meses, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) logró inscribir 5.692,220 hectáreas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, de las cuales 77.534 están inscritas en ruta individual y 5’614.686 en ruta colectiva, garantizando el derecho fundamental a la restitución de tierras y territorios de las víctimas.
En términos de sentencias, los jueces y magistrados de restitución de tierras han emitido 1.521 sentencias en los últimos 20 meses, para la restitución de 92.662 hectáreas. Además, el gobierno facilitó la entrega material y por compensaciones de 35.674 hectáreas.
Por primera vez se implementó el componente de seguridad alimentaria atendiendo a 13 comunidades étnicas con 11.083 familias. Esto significó una inversión de 33.961 millones de pesos.
Adicionalmente, la URT apoyó 1.156 proyectos productivos, que tuvieron una inversión de 49.960 millones de pesos.
La Unidad mejoró la tasa de aprobación de solicitudes de restitución, que pasaron de una negación del 65%, en administraciones anteriores, al 72% de aprobación bajo la actual gestión.
En las evaluaciones que se realizaron, la Unidad encontró que había posibles favorecimientos a las prioridades e intereses empresariales sobre los derechos de las víctimas. Por esto, se eliminó el Equipo de Asuntos Ambientales, Minero Energético y de Infraestructura (AMEI) y se introdujo un enfoque socioambiental en los procesos de restitución.
Al lado del Ministerio de Justicia y la Unidad para las Víctimas se radicó el proyecto de ley en el Congreso de la República, que busca agilizar los procesos de tierras que no tienen oposición para adelantarlos por vía administrativa.
Este enfoque es parte de una reforma más amplia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que también incluye medidas para reconocer y compensar a víctimas ubicadas en reservas forestales o parques nacionales.
Para descongestionar el cúmulo de casos, se implementaron ocho nuevos juzgados de restitución de tierras, cinco de los cuales están dedicados exclusivamente a casos étnicos.
Según se indicó, estos juzgados están diseñados para atender eficazmente las demandas de restitución de tierras de comunidades afrodescendientes y campesinas, asegurando procesos más justos y equitativos.
Para reforzar la colaboración y mejorar la eficacia de la restitución de tierras, la URT ha firmado convenios con entidades como la Justicia Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y se establecieron mesas permanentes con enfoques diferencial y de género.
Giovani Yule, director de la URT, aseguró que “las familias y el territorio colectivo han sufrido todo tipo de violencias en medio de la guerra, son víctimas de abandono por los desplazamientos masivos forzados, se afectó su derecho a la posesión, uso y goce del territorio. Y su relación espiritual con la tierra también se deterioró”.
