El Gobierno nacional anunció el levantamiento del estado de Conmoción Interior que había sido declarado hace tres meses para los municipios del Catatumbo, el Área Metropolitana de Cúcuta y parte del sur del Cesar, debido a la grave crisis de orden público. Sin embargo, 11 decretos expedidos durante la vigencia de la medida se mantendrán en efecto por otros 90 días, en atención a la continuidad de la emergencia social y humanitaria en la región.
La decisión, firmada por el presidente Gustavo Petro y su gabinete, establece que aunque cesa el régimen excepcional, es necesario prorrogar las disposiciones que buscan atender los impactos del conflicto armado sobre la población local.
Entre los decretos que seguirán vigentes se encuentran medidas que permiten el acceso a financiamiento y alivios económicos para campesinos y productores rurales (Decreto 106), así como acciones para proteger las cadenas agroalimentarias y garantizar la seguridad alimentaria (Decreto 107). También se mantienen las disposiciones para la defensa del derecho a la tierra y la protección de predios rurales frente a nuevas formas de despojo (Decreto 108).
El paquete de medidas prorrogadas incluye también incentivos al sector turístico afectado por el desplazamiento (Decreto 117), facultades especiales para operativos de la Fuerza Pública (Decreto 118), y flexibilización en la prestación del servicio de transporte terrestre bajo condiciones seguras (Decreto 120).
Otros decretos prorrogados permiten al Ministerio de Vivienda ejecutar proyectos de agua potable y saneamiento básico (Decreto 121), restringen el uso de sustancias químicas controladas para frenar la producción de drogas ilícitas (Decreto 134), refuerzan la protección de comunidades vulnerables frente a violaciones de derechos humanos (Decreto 137), e impulsan economías legales como parte de la sustitución de cultivos ilícitos (Decreto 180). Finalmente, el Decreto 433, que faculta al ICBF para la creación de nuevas defensorías de familia en la región, también continuará vigente, dado que aún se encuentra en proceso la vinculación del personal necesario para su puesta en marcha en mayo de 2025.
A pesar de la mejora gradual en las condiciones de seguridad en algunos sectores del Catatumbo, el Gobierno considera que las consecuencias del conflicto persisten, por lo que las medidas excepcionales aún son necesarias para proteger los derechos fundamentales de la población y fortalecer la presencia institucional en este territorio históricamente golpeado por la violencia.
