Con el objetivo de reglamentar alrededor de 8.200 hectáreas de bienes comunes, el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) inició un trabajo en terreno en ocho ciénagas y playones comunales del departamento del Cesar.
Durante 15 días, el equipo de la ANT, conformado por agrónomos, ingenieros topográficos y catastrales, abogados y trabajadores sociales, adelantará visitas técnicas de caracterización en las sabanas comunales de Vega Arriba (corregimiento Guaymaral) y San José (Valledupar), en Vallito (El Paso), playones de Medialuna (El Paso y Chiriguaná), playones de La Tigra (San Alberto), playones de La Tigrera (Gamarra) y playones Ciénaga La Reserva y de Aguas Negras (San Martín).
“Las acciones que adelanta la Agencia Nacional de Tierras son fundamentales para garantizar seguridad jurídica, generar sentido de apropiación de estos ecosistemas y empoderar al campesinado, atendiendo al cumplimiento de la Reforma Agraria en el país”, dijo la subdirectora de Administración de Tierras de la Nación de la ANT, Lina Salcedo. Agregó que la intervención está dirigida a identificar la información necesaria para emitir los reglamentos de uso y manejo sobre esos bienes de uso público en favor de la comunidad campesina que habita en estos territorios.
Además, destacó que, de esta manera, el Gobierno nacional reconoce el uso ancestral que las comunidades han hecho de esos territorios, así como su importancia en la preservación de tradiciones y formas de vida. En ese orden, el Gobierno busca garantizar la seguridad jurídica sobre los usos ambientales y atiende los conflictos por el uso de esos ecosistemas estratégicos. «La Fuerza Pública, se lo digo aquí y es una orden de su Comandante en Jefe, debe abrazar al humilde, debe defender los derechos y las libertades constitucionales y legales del pueblo campesino”, afirmó el jefe de Estado durante la restitución de 2.400 hectáreas del complejo cenagoso de Machado a 500 familias agropescadoras en Sucre, en acto celebrado en diciembre del 2024 en Sucre.
El mandatario recordó que, según la Constitución y la ley, los playones son tierras inalienables, de propiedad pública y uso común, donde el Ejército y la Policía tienen el deber de intervenir para evitar cualquier apropiación indebida.
