Después de 28 años de lucha, 49 familias campesinas víctimas de tortura y despojo en el sur del departamento del Cesar han recibido una reparación histórica por parte del Gobierno Nacional. A través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se les hizo entrega de la finca Dinamarca, un predio de 628 hectáreas ubicado en el municipio de Maní, Casanare, donde podrán reconstruir sus vidas y garantizar su sustento a través de la producción agrícola.
El despojo de estas tierras ocurrió en la década de 1990, cuando grupos paramilitares expulsaron a cientos de familias de la Hacienda Bellacruz, ubicada entre los municipios de Pelaya, Pailitas y Tamalameque. Según la Comisión de la Verdad, estos hechos fueron calificados como crímenes de lesa humanidad y contaron con la complicidad de actores oficiales.
Un nuevo comienzo
“Con el predio Dinamarca, el Gobierno repara a estos campesinos y campesinas con predios productivos, en los que van a poder cultivar y, además, tener una vida digna, lejos del conflicto armado”, afirmó Harold Barreto, asesor de la Dirección de la ANT y líder del proceso de reparación. Además, destacó que las familias beneficiadas contarán con Unidades Agrícolas Familiares para fortalecer su soberanía alimentaria y economía rural. Por su parte, Isaías Cañizares Navarro, representante de la Asociación Campesina Víctimas de Desplazamiento Forzado, expresó su satisfacción con la entrega del predio. “Hoy nos encontramos en la finca Dinamarca llenos de alegría. Estamos cerrando un capítulo de Bellacruz. Quiero darle los agradecimientos al Gobierno nacional, pues por fin las familias llegaron a respirar aire puro de campo”, declaró.
La Hacienda Bellacruz se convirtió en un símbolo de la violencia y el despojo en Colombia. En 1996, al menos 280 familias fueron desalojadas de manera violenta, en medio de detenciones arbitrarias y atropellos contra la población. Este caso adquirió relevancia internacional debido a la participación del exministro de Desarrollo, Carlos Arturo Marulanda Ramírez, quien en ese momento se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, reconoció estos hechos como crímenes de lesa humanidad en una resolución emitida el 8 de agosto de 2018. En
Maní, las 49 familias beneficiadas ven en la finca Dinamarca una oportunidad para reconstruir sus vidas con dignidad. “Viendo estas tierras tan fértiles, queremos sembrar en ellas yuca, plátano y frutales que nos garanticen seguridad alimentaria, lo cual mejorará nuestra economía rural”, afirmó Cañizares Navarro.
Este acto de reparación marca un hito en la lucha por la justicia para las víctimas del despojo en Colombia. La entrega de tierras productivas no solo resarce una deuda histórica, sino que también impulsa el desarrollo del campo y la economía rural, elementos clave en la implementación de la Reforma Agraria que lidera el actual Gobierno. Con esta entrega, el Estado colombiano avanza en la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto armado, dando un paso más hacia la construcción de un país con mayor equidad y justicia social.
