La región del Catatumbo, ubicada en el noreste de Colombia, enfrenta una grave crisis humanitaria tras los intensos combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC, que han dejado hasta el momento más de 80 muertos, según informaron las autoridades este domingo.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó que las Fuerzas Militares y el Gobierno colombiano están centrando sus esfuerzos en el envío de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas, y en la extracción de personas en riesgo, incluidos firmantes de paz y sus familias, ante la creciente violencia. «Se ha producido la extracción de importantes líderes de la región y de familias de firmantes de paz», afirmó Velásquez, tras un consejo de seguridad realizado en Cúcuta, capital de Norte de Santander.
La situación se ha agravado desde el jueves pasado, cuando el ELN inició una ofensiva contra una facción disidente de las FARC, lo que ha desatado una serie de ataques violentos en el área. Las autoridades han reportado más de 80 muertes, más de 20 personas heridas y miles de desplazados, muchos de los cuales han buscado refugio en ciudades cercanas como Cúcuta, Ocaña y Tibú, mientras otros han cruzado la frontera hacia Venezuela en busca de seguridad.
Para hacer frente a la emergencia, el Gobierno ha enviado aviones con toneladas de ayuda humanitaria. Este domingo, un vuelo proveniente de Bogotá entregó 25 toneladas de suministros, mientras que otro avión, con 13 toneladas adicionales, salió en la madrugada hacia la región. Además, camiones cargados con ayuda han partido desde Cúcuta hacia Tibú, zona también gravemente afectada por los desplazamientos.
El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, detalló que se está llevando a cabo un dispositivo de seguridad en la zona para garantizar el desplazamiento seguro de los civiles. «Hay una ruta segura para que la población pueda salir si así lo decide», aseguró Cardozo, quien también destacó los esfuerzos para asegurar la atención y la protección de los desplazados.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien visitó la región, denunció «una vulneración grave del Derecho Internacional Humanitario», señalando que la población civil se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. «Están siendo perseguidos, asesinados y desplazados de sus hogares», indicó Marín.
El conflicto ha generado una creciente alarma, pues las tácticas empleadas por el ELN recuerdan a las utilizadas en épocas del paramilitarismo. El ministro Velásquez señaló que las acciones del ELN son «prácticamente de cacería», describiendo cómo los guerrilleros se han infiltrado en las comunidades rurales, realizando ejecuciones sumarias y atacando a las personas de manera similar a las masacres del pasado.
Este repunte de violencia ha llevado al Gobierno colombiano a suspender los diálogos de paz con el ELN. El presidente Gustavo Petro, quien visitó la zona el viernes, acusó a la organización guerrillera de cometer «crímenes de guerra» y afirmó que el ELN no muestra voluntad de paz. «El proceso de paz queda suspendido hasta que el ELN decida realmente caminar hacia la paz», expresó el presidente Petro, quien también aseguró que «el país no aguanta más estos vaivenes».
La situación sigue siendo tensa en el Catatumbo, con miles de civiles atrapados en medio del conflicto. Mientras tanto, las autoridades siguen intensificando los esfuerzos para brindar asistencia humanitaria y restaurar la calma en una región que vive una de las crisis más graves de los últimos años.
