Mientras predomine la polarización politiquera, cada día vamos de mal en peor, donde el juego primordial, radica en intereses personales, de quienes han participado en los gobiernos, que venían ejerciendo desde hace más de un siglo. El problema surge por la pérdida del poder ejecutivo, con una coalición de centro izquierda, que, por primera vez, ganó el derecho a gobernar en Colombia, durante el periodo de 4 años.
En democracia, los ciudadanos están en igualdad de condiciones, para elegir y ser elegidos, conforme a lo dispuesto en la constitución nacional. Es decir, puede resultar elegido presidente, quienes cumplan, con requisitos exigibles y gana con mayoría de votos, la disputa en concurso popular. Quien elija el pueblo mediante votos, quedan investido del mandato para gobernar, en condición de presidente, gobernador o alcaldes, indiferentemente de tendencias políticas, religiosas, estratos sociales y características personales individuales.
El pueblo eligió a Gustavo Petro, pero quienes se han considerado dueños del poder, no han superado la derrota, incómodo con el Gobierno, porque no es el propio, viendo todo malo, persiguiendo con la Procuraduría y Fiscalía, cuando esos mismos, no han grabado huellas ejemplares y transparentes, durante diferentes periodos de gobiernos.
Por estar huérfanos de Gobierno, se dedican ahora a criticar, difamar, ultrajar, injuriar y ofender; sin medir consecuencias, con locas y desatadas emociones, de fanáticos que en nada le sirve para rentar, pero persiguen en estado de oposición, apoyados en poderes públicos corruptos, que tienen a su favor, para perseguir, enlodar y castigar, con sanciones, direccionadas a debilitar y tumbar al Gobierno, con arrebatos caprichosos, que popularmente se deben rechazar. Gozan del respaldo de periodistas, parcializando para causar injustamente daños, informando sin objetividad, divulgaciones en medios de comunicación tendenciosos y prepagos; que engañan con mentiras, desinformación y manipulación, ocultando la verdad.
La Corte Suprema de Justicia, encargada de elegir para un periodo de 4 años, al fiscal general, ha utilizado esta facultad constitucional, para contaminarla de corrupción, en el juego clientelista, que consiste en vender o negociar el voto, para la elección del Fiscal, a cambio de burocracias. El historial de antecedente de los fiscales elegidos por la Corte Suprema de Justicia, no ha sido el mejor, ha sido nefasta, en una institución desafortunada, por mezcolanza de politiquería y corrupción, donde el cartel del narcotráfico y paramilitares, impusieron cada uno a la Corte Suprema, eligieron de la terna el candidato de su preferencia, logrando el triunfo.
La dilación de la elección tiene su fondo, que no es otro, que prácticas de corrupción, buscando sacarle el máximo beneficio a la elección. Nada justifica después de presentada una terna por el presidente, que cumpla con los requisitos legales, validados para los cuales deben elegir sin tantos vacilones ni ‘mamadera de gallo’.
Se requiere seriedad y eficiencia. Eligieron a Néstor Humberto Martínez Neira, considerado como un súper jurista, que se estrenó con la caída precisamente del fiscal anticorrupción, pidiéndole plata a un exgobernador de Córdoba, en EE. UU, enlazado con el ‘Cartel de la Toga’, conformada por Magistrados de la Sala Penal, de la Corte Suprema. Del Fiscal que termina, lo eligieron sin tener la mínima experiencia en materia y asuntos penales, de manera rápida.
El presidente Gustavo Petro, presentó desde el mes de septiembre, la terna conformada por tres damas abogadas, que han ejercido en despachos penales, para la elección del fiscal general. Se citó para el 25 de noviembre 2023, a la Sala Plena de la corporación judicial, ganando el voto en blanco. Luego se citó para el 8 de febrero, convocando para esa fecha una manifestación popular teniendo en cuenta que el periodo del Fiscal Francisco Barbosa termina el martes 13 de febrero.
La Corte postergó la fecha de elección, para el 22 de febrero. Dios quiera que no se vaya a seguir con el vacilón durante todo el año, que resultaría una vulgaridad, pero no sería raro, se tiene un registro de antecedentes, donde la Corte Suprema de Justicia, duró 16 meses para elegir el Fiscal, durante el segundo Gobierno del presidente, Álvaro Uribe Vélez, a lo que el expresidente manifestó: “Dilatar la elección del Fiscal es amenazar a la institucionalidad de Estado de Derecho”.
En esa ocasión había fricciones, entre miembros de la Corte y el presidente Uribe. Preocupa que se vuelva a repetir la dilatación en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, por constantes e indebidas situaciones dilatorias, ejercidas por la Corte Suprema, transformando las fechas, de posesión y duración institucional en personal por causa de un trámite administrativo, donde no les toca otra que elegir una de las tres opciones.
En la Corte Suprema hay 10 miembros de los partidos Centro Democrático, Cambio Radical y Partido Conservador que estarían dispuestos a bloquear la elección, votando reiterativamente en ‘blanco’, como lo vienen haciendo. De 23 votos en la Corte Suprema, se necesitan 16 para ganar la Fiscalía. 10 están radicales en contra de la terna del presidente, sin otras razones que justifiquen, que ser de partidos opositores. La Politiquería está dominando la justicia. ¿Cómo la ven?
Hay un afán desmedido de querer destronar al presidente Gustavo Petro, direccionado por la oposición ciega, que enfrenta al Gobierno. Están hostigando a través de Fiscalía y Procuraduría empapelando y suspendiendo, caprichosamente, como ocurrió con el canciller Álvaro Leyva y los que les seguirán.
El presidente Petro, convocó a sus seguidores a marchar respaldando el Gobierno, de las persecuciones de opositores, que no dejan gobernar. De otra parte, hablan de juicio político, para que el Senado lo destituya por sobrepasar los topes de gastos en las campañas. El 85% de los senadores compran votos para ganar curules, sin relacionarla en los gastos de campañas, no tienen moral, para declarar al presidente indigno, tendrían que declarase más bien impedidos.
Esperen la segunda parte…
