Habitantes de El Hatillo se tomaron este jueves la vía férrea, a la altura de Potrerillo, en El Paso, departamento del Cesar, para exigir a las empresas mineras Drummond, Prodeco y CNR, que garanticen los recursos para el reasentamiento de más de 200 familias, a quienes les prometieron por medio de la firma del documento de Plan de Acción, buscar el restablecimiento integral para la calidad de vida de los habitantes de esa vereda.
La comunidad bloqueó la línea férrea con pancartas y carteles, por donde diariamente pasan más de 20 trenes cargados con carbón desde las minas en el centro del Cesar hasta los puertos del Magdalena, exigiendo el inmediato cumplimiento de lo pactado.
Por su parte, Yolima Parra, vocera de El Hatillo, indicó que “Más de 100 personas hacen parte de las manifestaciones, quienes piden garantías en el proceso de reasentamiento ya que hemos venido siendo afectados por la contaminación que deja la actividad minera en nuestro territorio”.
Cabe mencionar que el pasado 29 de noviembre, se cerró el pacto y en este 2019 empezaba la negociación con las familias, y no obstante, aun los recursos no están en la fiducia para que esto se haga realidad, según lo manifestado por Parra. “Hay 82 hogares a los que le han incumplido con la firma del contrato y ahora hay una empresa que está quebrada y no nos da respuesta, ni solución de lo que va a pasar con el proceso de reasentamiento; estamos en diálogo con las compañías Drummod y Prodeco, porque CNR, que es la que está quebrada, no se ha presentado”, concluyó la vocera de los manifestantes.
El alcalde encargado de El Paso, Martín Campo, manifestó que está como garante para buscar una mejor salida y apoyar tanto a las comunidades, como a las empresas mineras. “Estamos con las centrales mineras como lo es Drummond, Prodeco, la comunidad de El Hatillo y le estamos buscando solución a la problemática que aqueja a esta vereda sobre la afectación que ellos vienen presentando”, dijo Campo.
El ministerio de Ambiente mediante las Resoluciones 970 y 1525 de 2010, establecieron la obligación a cargo de las empresas Drummond, Prodeco y CNR, de reasentar a la población de El Hatillo. El reasentamiento es una obligación, ya que el Estado se lo impuso a las tres empresas mineras como una medida preventiva porque en su momento se previó que el nivel de contaminación iba a ser intolerable para que hubiera un asentamiento humano en esos sitios, por lo que se ordenó la reubicación de las familias que allí habitan.
