La Contraloría General de la República encontró una serie de hallazgos fiscales en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sobre los recursos asignados para el proyecto denominado «Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional» y a la producción y distribución de los alimentos de alto valor nutricional en la vigencia 2021 y primer semestre 2022, con corte a 30 de junio del año en curso.
El ente de control informó sobre 62 hallazgos administrativos, de los cuales 20 tienen posible incidencia fiscal en cuantía de $9 127 millones, 37 con presunta connotación disciplinaria, ocho de carácter penal, seis con otras incidencias y ocho más para apertura de indagación preliminar.
El hallazgo fiscal de mayor cuantía detectado en esta auditoría, y que también tiene incidencia disciplinaria, es por $6 611 millones, y está relacionado con inconsistencias en las bases de datos «Reporte cuéntame 2021» y «Reporte cuéntame 2022» de la regional del ICBF en el Chocó, que fueron analizadas y cruzadas con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la CGR, arrojando campos con estados como: «NO ENCONTRADOS Y FALLECIDOS», de presuntos beneficiarios a los que se les habría prestado los servicios contratados para las vigencias 2020, 2021 y 2022, incluyendo menores y mayores de edad.
Para el cálculo de ese presunto detrimento, se tomó el valor de la canasta por cada beneficiario atendido, según la modalidad y se multiplicó por el tiempo de atención, para el cual se tuvo en cuenta la respectiva fecha de vinculación y desvinculación.
En la regional del Chocó lo encontrado, según la Contraloría, ocurre por deficiencias en los mecanismos de control y supervisión a la base de datos o herramienta Cuéntame con que dispone el ICBF como fuente de registro de los beneficiarios de sus diferentes programas, lo que pone en riesgo de pérdida los recursos destinados a su atención.
Los hallazgos fiscales en esa regional suman en total $7 016 millones, incluyendo otros dos que tienen que ver con constitución de cuentas maestras y cobro de gravamen a los movimientos financieros.
Otro hallazgo fiscal relevante, por $1 111 millones, se encontró en la regional Cauca y está relacionado con inejecuciones en los contratos de aporte de la vigencia 2021, no reintegrados por los operadores.
Los hallazgos disciplinarios serán trasladados a la Procuraduría y los penales a la Fiscalía. También habrá traslado de hallazgos a la DIAN y a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales.
Con base en alertas de la DIARI, la auditoría de cumplimiento al ICBF determinó cuatro hallazgos para apertura de indagación preliminar relacionados con la actualización de base de datos de entrega de unidades de servicio de raciones para preparar en la regional Amazonas, y tres en la del Vichada por la entrega a beneficiarios cuyo documento no está en la base de datos o son presuntamente fallecidos.
En este último caso, en el Vichada se encuentra una base de datos con información relacionada de entregas a fallecidos y suplantación de identidad.
Para realizar esta auditoría, la CGR evaluó 190 contratos suscritos por el ICBF por más de un billón de pesos en donde se verificó el cumplimiento normativo en la ejecución de estos recursos, la trazabilidad en la selección de los operadores, el cumplimiento del objeto contractual y lineamientos técnicos, la legalidad y correspondencia de los pagos realizados en virtud de dichos contratos y la efectividad de la supervisión.
