Hoy continúa en Valledupar juicio contra el coronel (r) Hernán Mejía

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Hoy continúa en Valledupar juicio adversarial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para determinar la responsabilidad del coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa del Ejército Nacional, por casos de “asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate”, entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004.

El ex militar fue acusado por el Fiscal Quinto Delegado ante la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Responsabilidad (SARV), por 35 hechos de esta naturaleza que dejaron por lo menos 72 víctimas, entre ellas, menores de edad, campesinos, personas en situación de vulnerabilidad económica e integrantes del pueblo indígena Kankuamo.

Esta audiencia tiene lugar después de casi siete años de procedimiento ante la JEP, en los cuales las y los familiares de las víctimas han puesto sus demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por estos graves hechos, señalando los desafíos frente a (i) la investigación, sanción y juzgamiento de quienes son considerados los máximos responsables de estos graves crímenes, pero también frente a (ii) las dificultades en torno a la materialización del principio de centralidad de las víctimas que orienta el Sistema Integral para la Paz.

Es importante recordar que desde la representación de las víctimas, adelantada por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), se promovió un incidente de verificación del régimen de condicionalidad, con el que se pretendía la expulsión o en su defecto la revocatoria de los beneficios otorgados por la JEP a Mejía Gutiérrez, en tanto vulneró las garantías de no repetición, al reproducir afirmaciones estigmatizantes contra manifestantes en el marco de las movilizaciones sociales de 2021 y que eran similares a las que dieron lugar a la práctica de los ‘falsos positivos’. Si bien esto fue concedido en primera instancia y se había ordenado su captura, posteriormente resultó desestimado bajo una noción equivocada de las implicaciones de la “justicia restaurativa” en este escenario transicional.

Por esto, la instalación del juicio representa un avance significativo para las víctimas, quienes esperan que, tras cerca de 20 años de lucha contra la impunidad, Mejía Gutiérrez reciba una condena por estos graves hechos. El exmilitar ha negado su participación en la planeación, ejecución y encubrimiento de esta práctica que dejó por lo menos 6.402 víctimas a lo largo y ancho del territorio y ha manifestado que probará su inocencia por las acusaciones en su contra, que incluyen no sólo la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como la tortura, sino también la concertación y coordinación para la comisión de los crímenes con el grupo paramilitar autodenominado  Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) del Cesar, quienes estaban al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40′.

La representación de las víctimas insiste en que estos hechos se enmarcan en una política promovida e incentivada desde las más altas esferas del gobierno de la época, por lo que se practicarán las pruebas solicitadas por ellas, que incluyen los testimonios de expertos en la materia -quienes por años documentaron las atrocidades cometidas- y, además, otras que permitirán evidenciar la magnitud de los daños, impactos y afectaciones a nivel individual, familiar y colectivo que aún padecen quienes participan del proceso en calidad de víctimas.

Para las víctimas, quienes por decisión de la JEP participarán desde una “sala espejo”, esta audiencia representa la posibilidad de que la sociedad colombiana conozca y repudie la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales y de que, luego de años de lucha, un tribunal juzgue y sancione a uno de los responsables de estos graves hechos. “Esperamos que salga a la luz la verdad sobre los actos cometidos por Publio Hernán Mejía, y que se logre demostrar todo el daño que nos causó a muchas familias humildes y trabajadoras. Es revictimizante que, aún con las evidencias, no reconozca que dejó muerte, dejó dolor y ocasionó la ausencia de seres que jamás tendrán olvido”, señalan.


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