La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, María Lina Arbeláez, dio a conocer que en conjunto con la Fiscalía General de la Nación lograron actuar ante los hechos que estaban ocurriendo al interior de la Fundación para el Desarrollo de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud – Fundinaj, cuyos directivos Rosa Virgina Laguna Lamilla, Rober Emilio Fernández Tovar, quienes son esposos y Lenín José Fernández Tovar, como presuntos responsables de violencia sexual contra una niña atendida en ese operador de servicios de protección del Instituto.
“Lo que hoy reportamos ante la opinión pública es el resultado de la pronta actuación del Grupo Guardianes de la Niñez del ICBF y la Fiscalía, de una situación a todas luces inconcebible, contra un grupo de 70 niños, niñas y adolescentes que fueron puestos bajo protección del ICBF por la vulneración de sus derechos y violentados por un operador de servicios que presuntamente incurrió en delitos de violencia física, psicológica y sexual contra ellos, en hechos que son materia de investigación” dijo la Directora General del ICBF, Lina Arbeláez.
La investigación se inició después de que una alerta emitida por la Dirección Regional del ICBF en Cesar motivara la visita del Grupo Élite Guardianes de la Niñez, equipo creado por el propio Instituto con la misión de detectar e investigar irregularidades en el servicio y riesgos de violencia contra los beneficiarios atendidos en todas las unidades de servicio.
“Estamos haciendo de la niñez el centro de nuestra gestión y necesitamos que todo el país se comprometa con el ejercicio efectivo del principio de corresponsabilidad familia estado y sociedad”, señaló la Directora Lina Arbeláez.
Realizadas las evaluaciones, el equipo identificó el temor generalizado entre los menores de edad y la evidencia de tratos desobligantes y castigos desproporcionados que configuran situaciones de violencia contra ellos. Estos resultados dieron origen al allanamiento de la institución y las respectivas investigaciones contra los presuntos responsables por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Entre tanto, los 70 niños fueron reubicados en otras instituciones, donde recibirán la atención requerida para cada caso, de tal manera que puedan continuar con los procesos para el restablecimiento de derechos, y se inició el debido proceso sancionatorio para revisar si hay lugar a la cancelación de la personería jurídica de la fundación y el cierre definitivo del lugar.
