La Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción formuló cargos al exalcalde de Manaure, La Guajira, David Díaz Rivera, por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.
De acuerdo con la investigación los hechos se presentaron en ocasión del Fenómeno del Niño a mediados de 2015, cuando fue declarada la calamidad pública en dicho municipio para evitar la mortalidad infantil en comunidades indígenas asentadas en zonas desérticas.
Para ello, la administración municipal suscribió un contrato con la IPS Sol Wayúu con el objetivo de brindar atención a 2.000 familias de dicha etnia; sin embargo, la mayoría de la población nativa no fue beneficiada.
En el proceso también fue vinculada la exsecretaria de Salud, Angélica Manotas Moscote, a quien además le imputaron el delito de falsedad ideológica en documento público.
Según la Fiscalía, la investigación adelantada arrojó que contrato, que tenía un valor de $8.000 millones, con el propósito de ayudar a niños, madres gestantes y mujeres de comunidades indígenas, con la entrega de kits alimenticios, agua potable, atención en salud y medicamentos, así como un componente informativo, en un término de 5 meses.
No obstante, presuntamente los imputados habrían violado los principios de transparencia, selección objetiva y planeación.
Entre las irregularidades más significativas esta la definición de un contratista con antelación; que la IPS Sol Wayúu no contaba con la capacidad para ejecutar el contrato por lo que utilizó los servicios de terceras empresas por el 65% de las actividades desarrolladas (compra de mercados, agua, logística, transporte y elaboración de folletos).
«Además, la IPS no tenía la autorización de la Secretaría de Salud (la misma entidad contratante) para ejecutar actividades en zonas rurales de carácter médico en relación con pediatría, ginecología, nutrición y servicios farmacéuticos», señaló la Fiscalía.
HABRÍAN PAGADO SUELDOS POR $58 MILLONES
Además de ello los imputados presuntamente contrataron una nómina exagerada de funcionarios y médicos. En algunos casos, se habrían facturado sueldos de especialistas por $58 millones mensuales, pero estos profesionales nunca visitaron las rancherías.
También el ente acusador evidenció que presuntamente se dejaron de comprar 209.000 litros de agua potable y 6.000 latas de suplemento alimenticio; no se hizo entrega de medicamentos; el sobrecosto de insumos habría alcanzado el 600 %; y que se facturó la contratación de traductores de lengua wayuunaiki, pero esta labor al parecer la ejecutaron conductores o enfermeras.
En total, con dichas irregularidades, los investigados habrían causado un detrimento patrimonial por una cuantía de $2.839 millones.
Igualmente se presume que, entre julio y diciembre de 2015, tiempo de ejecución del contrato, Díaz Rivera recibió al menos $1.980 millones y la señora Manotas Monsalve aparentemente accedió a dádivas por $230 millones.
Al final de la audiencia los procesados no aceptaron cargos.
