En Colombia estamos acostumbrados a que un escándalo supere al siguiente, y con creses, eso está pasando con las Fuerzas Armadas de Colombia.
Hace varias semanas el país se zarandeó por los llamados perfilamientos, que no es otra cosa que espionaje a varias personalidades y críticos del establecimiento e incluso, dicen, que al mismo presidente. Cosa que no es de poca monta.
Y cuando esta institución estaba terminando de pasar este trago amargo, aparece un hecho vergonzante y aterrador que sacudió y removió los cimientos del Ejército Nacional, provocando las mayores grietas que cualquier otro hecho haya excitado en una de las instituciones más respetadas de nuestro país.
La escalofriante violación y el perturbador secuestro de una niña embera de apenas 11 años por parte de siete soldados bachilleres del Batallón “San Mateo” en Risaralda. ¡Qué dolor! Y cuando recapacitábamos y creyendo que lo habíamos visto y oído todo, sucede lo impensable.
Ocho suboficiales miembros del Batallón de Infantería de Selva N.° 19 General Joaquín París, de San José del Guaviare, son denunciados por un presunto abuso sexual y retención ilegal de una menor indígena de 15 años de la comunidad Nukak Makú, ocurrida entre el 8 y el 13 de septiembre de 2019, pero solo se conoce hasta ahora.
La joven indígena reveló que fue encerrada durante cuatro días en el batallón, allí, la violaron infatigablemente y nunca le dieron de comer ni de beber. Aterrador panorama y agrava la frágil y golpeada imagen del Ejército, porque la denuncia, además, incluye a cinco niñas más que presuntamente habrían sido violadas por el mismo grupo de militares en dicha región. Si a ellos se le puede llamar castrenses.
Y digo que es pavoroso, espeluznante y deleznable porque destruye el pedestal del que históricamente han gozado y ufanado las Fuerzas Militares de Colombia, el respeto a la democracia y a las instituciones debidamente constituidas, a la cuales debe defender con toda su mística e ímpetu y sólida cultura, que acusa imponer el ejemplo, prevalecer la norma “y a hacer las cosas: no como se han hecho siempre, sino como se deben hacer”.
La última encuesta lo refleja de mejor manera y describe “el mal momento” que franquea la institución, si se le puede llamar de esta manera. Parece un eufemismo. La imagen desfavorable de las Fuerzas Militares cayó 37 puntos, la cifra más baja en los últimos 20 años, ya que paso del 85 al 48 por ciento con relación a la medición del mes de abril de Invamer.
Lo patético de esta calamitosa fatalidad es que esta medición no recoge el rechazo generalizado de todo el país que provoca el caso más reciente de la violación de las menores indígenas de la comunidad Nukak Makú, denunciado por el investigador Ariel Ávila. Quizás la caída sería más estrepitosa y atronadora.
Entonces no se trata de hechos aislados, ni de manzanas podridas como lo grita con su voz estridente el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, como tampoco creo que «hay soldados entrenados institucionalmente para cometer actos de violación» como lo afirma de manera desacertada el expresidente Ernesto Samper.
Lo que, si es cierto, es que algo muy tenebroso y sombrío esta ocurriendo al interior de nuestras fuerzas militares, indudablemente es un problema de fondo que debe reconocerse por sus altos jerarcas y de manera especial por el Gobierno Nacional. ¿Será necesario y que ya llego el momento de transformar a las fuerzas militares?
Como tampoco creo que sea un problema ligado al proceso de paz y al supuesto aletargamiento de las Fuerzas Armadas provocada según algunos miembros del partido de gobierno durante el mandato de Juan Manuel Santos. No hay que confundir peras con manzanas. El problema de los militares violadores debe ser castigado ejemplarmente y no debe circunscribirse a retirar a “las manzanas podridas”.
El Ejército Nacional debe recuperar su honor militar y reconquistar el respeto de los ciudadanos a quienes se deben, ya que en estos momentos su credibilidad esta cubierta por un manto de opacidad y mucho menos deben evadir su responsabilidad.
Los militares están llamados a ser ejemplo de buen comportamiento ético superior y punto de referencia del bien común y esto obliga a que sus crímenes o “arbitrariedades” sean juzgados con mayor severidad que cualquier otro criminal. Por su estatus y allí si comparto lo dicho por Samper “de servidores de la patria, los militares deberían haber recibido una formación ética que hubiera impedido la comisión de este tipo de delitos».
Queremos unas Fuerzas Militares que combatan el terrorismo. Queremos unos militares dando golpes al narcotráfico y diezmando el poder de las guerrillas hasta convocarlas a negociar como paso con las Farc y debería pasar con el ELN y los demás grupos al margen de la ley y no unas Fuerzas Militares cuestionadas por su mala praxis, violadores de los derechos humanos y abusadores sexuales de mujeres doblemente indefensas, uno, por ser niñas menores y lo otro por pertenecer a minorías abandonadas y marginadas a merced de grupos despóticos y dominadores que imponen su poderío.
