La Fiscalía General de la Nación incrementó el rastreo de bienes y activos ilícitos en Colombia y en el exterior, de los empresarios y demás implicados con el entramado criminal relacionado con el hurto continuado de petróleo y la posterior reventa del crudo, que habría representado pérdidas que ascendieron a los 80 millones de dólares para Ecopetrol.
En este sentido, agentes de Policía Judicial y expertos peritos contables, llevan a cabo una minuciosa verificación de cada uno de los documentos recolectados a lo largo de las investigaciones y avanzan en un seguimiento financiero de las transacciones y operaciones bancarias, para determinar la legalidad de los activos de los involucrados en este escándalo.
En medio de estas diligencias se busca establecer el posible desvío y giro de recursos a otros países, a raíz de los enlaces de las empresas que se extendieron a otros territorios como República Dominicana, Venezuela, Curazao y Panamá y cuyos hidrocarburos hurtados terminaron en muchos casos siendo exportados a Ámsterdam (Países Bajos) y otros puertos de Asia y Europa.
De acuerdo con las pruebas, las empresas involucradas tendrían nexos estrechos con otras redes delictivas y al parecer, servían para dar apariencia de legalidad al combustible obtenido irregularmente del oleoducto Caño Limón – Coveñas, procesarlo y ponerlo en las costas del Caribe para comercializarlo.
Se estableció que desde 2021 y hasta mediados de mayo pasado, varias de las empresas implicadas habrían utilizado “personerías jurídicas, permisos otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y las Cámaras de Comercio para crear y mantener actividades comerciales relacionadas con la instalación de las plataformas de extracción del crudo, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y refinación, además de la comercialización de hidrocarburos”.
En el expediente de la Fiscalía se indagan a por lo menos 17 empresarios del sector de los hidrocarburos, de los cuales 10 irán a juicio acusados de cumplir diferentes roles en esa organización delictiva, que se valió del contrabando de combustibles que era importado ilegalmente desde Venezuela.
En las audiencias de control de garantías, los fiscales lograron establecer los nexos que tendría la guerrilla del ELN con estas organizaciones dedicadas a estas actividades ilícitas de extracción, refinamiento, comercialización y transporte de hidrocarburos de Ecopetrol.
Dentro de los judicializados por este caso se destaca Albaneris Pérez Garavis alias La Mona, quien era la encargada de financiar toda la red criminal, además de proveer los recursos al ELN, con una injerencia especial en la región del Catatumbo en Norte de Santander.
En el caso de los empresarios se menciona a Hernando Silva Bickenbach, representante legal de la sociedad comercial Niman Commerce, a quien se le señala de supuestamente ser uno de los “dinamizadores de los hidrocarburos que se distribuye de manera ilegal por el territorio nacional”.
