La Procuraduría General de la Nación interpuso una acción popular contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, el departamento del Cesar, el municipio de Valledupar, la Empresa de Servicios Públicos del Municipio (Emdupar), entre otros.
El motivo de la acción, según lo informado, sería proteger los derechos e intereses colectivos debido al alto grado de contaminación del río Cesar.
El Tribunal Administrativo del departamento admitió la demanda de la autoridad disciplinaria que busca preservar el equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, su conservación y restauración; además, la subsistencia de las especies animales o vegetales, la protección de las áreas de especial importancia y el goce del espacio público; con el fin de que los habitantes de la capital cesarense ubicados abajo del fluvial tengan calidad de vida. El organismo de control constató el alto grado de contaminación al que están expuestas las vías de agua del Cesar por el vertimiento de las aguas residuales de las lagunas El Salguero y El Tarullal, que están bajo la administración de Emdupar. En su decisión el ente municipal solicitó a los accionados resguardar los derechos e interés colectivos.
