La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a la secretaria General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Luisa Fernanda Trujillo Bernal, por presuntas irregularidades en el proceso de selección para la adjudicación del dominio nacional .CO, y solicitó la suspensión de la adjudicación por presuntas irregularidades en el trámite.
En comunicación a la ministra Sylvia Cristina Constaín Rengifo y a la secretaria General del ministerio, el órgano de control pidió que hasta tener certidumbre sobre la evaluación económica de las ofertas y el respeto a los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal, se mantenga suspendido el proceso No. MTIC – LP -01 – 2019, para evitar la vulneración del ordenamiento jurídico y un posible detrimento al patrimonio público.
La Procuraduría busca determinar la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con supuestos errores en la aplicación del pliego de condiciones, en lo referente al proceso de selección y evaluación de las ofertas y la asignación de los puntajes de los proponentes.
El órgano de control advirtió que una calificación equivocada puede tener efectos en el orden de elegibilidad para la adjudicación y consecuente firma del contrato.
Se ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y el posible perjuicio causado a la administración pública.
La investigada podrá solicitar ser escuchada en versión libre.
Teniendo en cuenta que desde el 17 de marzo la Procuraduría ordenó la suspensión de términos en las actuaciones disciplinarios, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, a través de la Resolución 0178, estableció que para esta investigación disciplinaria, dada la importancia y trascendencia pública del proceso de selección MTIC-LP-01-2019, por su valor estratégico y económico, “resulta necesario y justificado levantar la suspensión de los términos dentro de dicha actuación, con el fin de continuar ejerciendo la acción disciplinaria, de la manera más eficiente y eficaz, durante la emergencia sanitaria”.
