La IPS Nueva Esperanza vuelve a ser blanco de las noticias. Esta vez porque el apoderado del departamento de Sucre, Héctor Merlano, dio a conocer que la entidad de salud, sigue cobrando por supuesta atención a los pacientes con problemas psiquiátricos de la población pobre no asegurada.
Ante estos señalamientos, los representantes legales de esa IPS, a través de su apoderado, Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, instauraron una acción de tutela ante la Sala de Casación Civil, de la Corte Suprema de Justicia contra la Sala III Civil-Familia Laboral, del Tribunal Superior de Sincelejo.
Estos alegan que el Tribunal les violó los derechos fundamentales al debido proceso y al accedo efectivo a la administración de justicia, tras fallar en segunda instancia desfavorablemente un proceso ejecutivo laboral que esa IPS inició ante el Juzgado Primero Civil del Circuito con funciones laborales de Corozal (Sucre).
Es de anotar que ese Juzgado de Corozal libró mandamiento de pago y posteriormente ordenó continuar con la ejecución. Pero esa decisión fue apelada por el departamento de Sucre y subió al Tribunal en mención, que al fallar en segunda instancia revocó la decisión de primera al considerar que el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, en que está sometido el departamento, todavía se encuentra vigente y por lo tanto no es posible adelantar un proceso ejecutivo laboral.
Por esa decisión, el apoderado de la IPS alega que el Tribunal Superior le vulneró esos derechos, pues al fallar negativamente esa segunda instancia, desconoció de manera flagrante y grosera las pruebas obrantes en el expediente, “porque el Acuerdo de Reestructuración tenía como fecha de vencimiento el año 2020 y nunca se prorrogó ni modificó dicho plazo”.
Por ordenar el libramiento de pago, la jueza primera Civil del Circuito con funciones laborales de Corozal, Clarena Lucía Ordóñez Sierra, está siendo procesada por la Fiscalía.
Con la acción de tutela, la IPS Nueva Esperanza pretende dejar sin efecto la sentencia del 13 de julio de 2022, dictada por la Sala Civil– Familia – Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo.
Y en consecuencia de lo anterior, que la Corte Suprema ordene la continuación de la ejecución del proceso a fin de que el Departamento proceda al pago de las facturas adeudadas por la Secretaría de Salud de Sucre, que suman, según esa IPS, $8.601’455.615.
En la tutela, el apoderado de la IPS narró que en el 2014 la Secretaría de Salud de Sucre solicitó a la IPS Nueva Esperanza la prestación de servicios de salud en rehabilitación integral y salud mental para la población no asegurada y que esta prestó sus servicios entre los años 2014 y 2016, pero a la fecha esos servicios siguen sin pagar, por eso el proceso ejecutivo laboral para reclamar esos dineros.
Muchos de esos representantes de IPS y exfuncionarios de la Gobernación hoy día enfrentan un proceso penal por desangrar, según la Fiscalía, los dineros de las salud de Sucre, que ascienden a más de 5 mil millones de pesos. Algunos estuvieron presos.
