El Territorio ancestral, sagrado y colectivo, de la Sierra Nevada de Gonawindua (Santa Marta) y los Pueblos Indígenas Iku (Arhuaco), Kággaba (Kogui), Wiwa y Kankuamo han sido acreditados como víctimas por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Esta decisión parte del proceso judicial que investiga los crímenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos, responde a los hechos victimizantes y daños graves, diferenciados y desproporcionados sufridos durante el conflicto armado.
Esta acreditación hace parte del proceso judicial que adelanta la magistratura en la Sierra Nevada de Santa Marta y algunos municipios de la Serranía del Perijá. Esta decisión fue tomada por las solicitudes presentadas por los Pueblos Indígenas y sus procesos organizativos, y la información presentada sobre los hechos victimizantes y los daños graves, diferenciados y desproporcionados sufridos durante el conflicto armado.
En los informes se expuso la violencia ejecutada a través de: asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y confinamientos, despojos, torturas, violencia sexual y basada en género, profanación de sitios sagrados y destrucción del Territorio y la Naturaleza, entre otras conductas; cometidas en contra sus líderes, lideresas, autoridades tradicionales, estructuras organizativas, mujeres y niñas y el Territorio, poniendo de manifiesto el impacto en los planes de vida individuales y colectivos y en su existencia física, cultural y espiritual.
Por su parte, acreditar como víctima al Territorio ancestral, sagrado y colectivo de la Sierra Nevada de Gonawindua (Santa Marta) constituye su reconocimiento como sujeto de derechos a partir de la cosmovisión, los sistemas de conocimiento y los sistemas jurídicos de los cuatro Pueblos Indígenas.
El Territorio de la Sierra Nevada de Gonawindua hace parte del corredor del conflicto armado denominado “Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijaì”, uno de los 17 corredores identificados por la Comisión de la Verdad en el capítulo “Resistir no es aguatar. Violencias y daños contra los Pueblos Étnicos de Colombia” del Informe Final “Hay Futuro si hay Verdad”. Con la decisión de acreditación se materializan los derechos de participación que tienen las víctimas ante la JEP y los principios de pluralismo jurídico y diversidad étnica y cultural.
La JEP, además, certificó la calidad de víctimas de los pueblos indígenas Iku (Arhuaco), Kággaba (Kogui), Wiwa y Kankuamo. La justicia transicional considero su calidad de sujetos colectivos de derechos en medio del proceso judicial que se adelanta en la Sierra y en algunos municipios de la Serranía del Perijá, en el Caribe colombiano.
Para tomar la decisión, la Jurisdicción tomó en cuenta las solicitudes presentadas por los cuatro pueblos indígenas y sus procesos organizativos, así como la información recogida sobre los hechos victimizantes y los daños “graves, diferenciados y desproporcionados” que padecieron, tanto el territorio como sus habitantes, durante el conflicto armado.
