La condena en primera instancia del Juzgado 022 Penal Municipal de Bogotá contra alias «Juancho Dique», confirma que exparas beneficiados con sentencias alternativas, nunca dejaron de delinquir y ―lo más grave― les estarían haciendo «conejo» a Justicia y Paz. Además, la inseguridad jurídica de los procesos de paz no proviene del Estado sino del engaño de los agentes que se sometieron a la justicia alternativa.
Por tanto, para la sociedad no puede pasar desapercibido dicha condena. En honor a la verdad, es fundamental responder esta pregunta: ¿Los jefes paramilitares le están haciendo «conejo» a Justicia y Paz? Primero, porque esa conducta reprobable de «Juancho Dique» y de todos los que siguieron delinquiendo, haría de la justicia alternativa de paz un torniquete para burlar a la sociedad colombiana. Segundo, porque se destruiría la esencia de los procesos de paz como es la garantía de la verdad y la no repetición de los hechos victimizantes. Tercero, transformaría los tribunales de paz en un sainete de falsa justicia.
La Corte descubrió la estratagema
La pregunta central propuesta en este artículo (¿Los jefes paramilitares le están haciendo «conejo» a Justicia y Paz?) surgió a partir de una lectura jurídica, política y ética de la condena contra «Juancho Dique». Los hechos relatados en esta condena se conocían desde hacía una década. El proceso contra el senador de la época Javier Cáceres Leal así lo reveló. La conocíamos en carne propia, ya que como periodista debimos emplearnos a fondo para demostrar la validez de nuestras denuncias.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde 2012 develó un plan masivo mediante el cual los jefes exparas se retractaron o trastocaron sus declaraciones iniciales ante los tribunales de Justicia y Paz.
Por ejemplo, algunos se desnegaron y contradijeron esa verdad o las llevaron a un nivel de oídas para hacer dudar al administrador de justicia. La Corte se preguntó por qué razón los postulados se retractaron.
En el 2013, la difunta Daira Galvis le manifestó a este periodista que sus abogados, haciendo uso de su legítima defensa, fueron de cárcel en cárcel para escuchar directamente las acusaciones de los jefes exparas. Todos ellos se retractaron. A simple vista, aparentemente todo era legal.
La estratagema jurídica
Empero, las investigadoras de la Corte se encontraron con la sorpresa de que en los procesos contra Javier Cáceres Leal, Daira Galvis Méndez y Piedad Zuccardi existía un patrón común de retractación determinado por amenazas y ofertas hechas por «Juancho Dique» y su abogada Betty Castro. Ellos fueron los principales instrumentos para sobornar a testigos.
Esa estratagema jurídica es parecida a la usada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia en 2018 abrió formalmente una investigación en su contra a raíz de una denuncia del senador Iván Cepeda Castro. Los anteriores abogados de Uribe pretendieron buscar la retractación del principal testigo que comprometía al expresidente en la creación en 1999 del frente Metro de la AUC.
Qué dijo la Corte
La Corte Suprema de Justicia desestimó las retractaciones masivas orquestada por Alejandro Ordoñez (2009–2013 y 2013–2016) desde la Procuraduría General de la Nación (radicado IUS-2013-324529), luego de comprobar que eran productos de amenazas y sobornos. Incluso, resaltó la conducta delictiva de «Juancho Dique» y su abogada Betty Castro en la condena contra Javier Cáceres Leal y ratificada en el proceso contra Piedad Zuccardi y Daira Galvis cuando fue llamada a juicio.
«Oscar David Villadiego Tordecillas, alias Never, ese que según la cadena de eventos atrás vista fue objeto de las amenazas de «Juancho Dique» y los sobornos a gran escala dirigidos a miembros desmovilizados de las autodefensas, quienes impactados por las maniobras modificaron sus versiones camuflando la retractación con ataques al Fiscal [sic] instructor y a los investigadores del CTI…» (Resolución SDSJ N°2982.).
Los principales exparas que correrían la misma suerte de «Juancho Dique» serían: Edwar Cobo Téllez (alias «Diego Vecino»), Eugenio José Reyes Regino (alias «Geño»), Manuel Antonio Castellanos Morales (alias «El Chino») Aleider García Soto (alias «El Primo»), Gabino José Mora Fernández,
Oscar David Villadiego Tordecillas (alias «Never»), e Iván Roberto Duque Gaviria, alias «Ernesto Báez».
Duque Gaviria murió en 2019. Pero el Tribunal de Justicia y Paz exhortó a la Fiscalía continuar los procesos. Se busca esclarecer la verdad sobre el papel asumido por los políticos y empresarios mencionadas en sus declaraciones de postulado. Sería importante valorar su principal testimonio. Reveló que «el Plan de Desarrollo presentado por el gobierno de Uribe Vélez en 2002, tuvo una influencia del documento programático de las AUC: Hacia un Estado Comunitario».
¿«Conejo» a Justicia y Paz?
No obstante, la Corte Suprema de Justicia, llamó a declarar al que fuera jefe de los jefes del antiguo frente «Héroes de los Montes de María», Salvatore Mancuso Gómez.
En ese sentido Mancuso ―en declaraciones rendidas el 21 de noviembre de 2011 en el marco del juicio contra el exsenador Javier Cáceres Leal― ratificó las declaraciones iniciales en Justicia y Paz de Edwar Cobo Téllez (alias «Diego Vecino») y de los otros jefes. Allí Mancuso develó que también la exsenadora Piedad Zuccardi de García estuvo en múltiples reuniones con el jefe de los escuadrones de la muerte de la AUC, Carlos Castaño. En una de ellas (2000), se comprometió impedir «el despeje del Sur de Bolívar».
Luego de sopesar lo declarado por Mancuso, la Corte consideró que ese proceso es emblemático de la forma en que la verdad, inicialmente confesada por los postulados:
«…es reversada debido a las constantes amenazas y ofrecimientos provenientes del poder político y empresarial, que se canalizan a través del jefe paramilitar encargado de controlar las versiones de sus subordinados y de los abogados, involucrando, para hacer verosímil sus retractaciones, a funcionarios de la Fiscalía e investigadores que han participado en el recaudo de la prueba».
La prueba de la Corte
Como prueba de ello, la Corte señaló el caso de Eugenio José Reyes Regino (alias «Geño») en Justicia y Paz. El 16 de septiembre de 2009, en su declaración original mencionó que el jefe paramilitar («Juancho Dique») tiene «afuera algunas personas que todavía le colaboran» no reportadas por él en sus versiones libres, que estarían vinculadas a la muerte del hijo de un desmovilizado, ordenada por él.
Al respecto, vale la pena preguntarle a la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón: ¿La Fiscalía investigó la declaración de Iván Roberto Duque Gaviria, alias «Ernesto Báez» en el sentido de que Álvaro Uribe Vélez adoptó el documento de la AUC como base de su Plan de Desarrollo? ¿Se investigó a todos los postulados en esas retractaciones masivas orquestadas desde la Procuraduría? ¿Se investigó a «Juancho Dique» por el supuesto homicidio del hijo de un postulado para que se retractara?
