Desde que empezó la crisis de salud del COVID19, y desde que el Presidente Duque decretara la emergencia económica y social, las demás ramas del poder público han mostrado su incapacidad de adaptarse a las medidas tomadas, en este caso me referiré únicamente a la Rama Judicial.
La Rama Judicial todos sabemos es paquidérmica, casos de 1 año duran hasta 5, ahora de manera amañada por así decirlo, se han aprovechado de las circunstancias y el Consejo Superior de la Judicatura ha decidido lo fácil, cerrar las puertas a los abogados litigantes, y suspender términos salvo contadas excepciones.
Los abogados litigantes o las empresas de abogados litigantes hoy viven las horas más oscuras, si antes la mora judicial era el pan de cada día, hoy será peor; en Colombia hay abogados y cientos de empresas de abogados, que están sufriendo la parálisis y sin soluciones de fondo, recordemos que el más del 70% de abogados viven del diario, del cobro por actuaciones, del cobro por audiencias o instancias procesales, miles hoy están sin ingresos.
Todos los abogados como independientes deben liquidar sus aportes a seguridad social completos, y muchos lo hacen con esfuerzo y por ende están por fuera del radar del gobierno, y no recibirán ayudas o compensaciones de ninguna especie, pues los cuentan como personas con ingresos y por fuera de cualquier margen de ayuda.
Otro caso son los emprendimientos, muchos abogados han decidido abrir empresas jurídicas, y muchas de esas hoy se encuentran en sus inicios o apenas facturando, y estas son responsables del pago del IVA, pero al mismo tiempo tienen las cargas prestacionales, de contratos laborales, de arriendos, de servicios públicos, y demás gastos asociados, para este grueso de empresas tampoco hay ayudas. Ayer 11 de abril, el gobierno emitió un decreto que ayuda a las pequeñas, medianas y grandes empresas para que los Bancos les hagan préstamos para seguir funcionando y no cerrar puestos de trabajo, pero al leer este decreto nos encontramos que estas ayudas están enfocadas para empresas de producción y manufactura, pero para las empresas de servicios parece estar vedado el tema de las ayudas, la más grande ayuda del gobierno para las empresas no son préstamos, es sencillamente aplazar el pago de impuestos y diferirlos.
Las empresas de servicios judiciales y los abogados, que tienen la obligación de pagar impuestos como IVA en estos momentos, tienen mejor opción de subsistir si estos pagos se difieren a lo largo de 12 o 24 meses, pues este dinero está liquido en los bancos de las empresas o de los abogados, y es menos oneroso disponer de estos recursos para mantener las empresas abiertas, que jugar al pago y devolución o al pago y no devolución y adicionalmente tener que enredarse con los bancos con créditos.
La Rama Judicial ha realizado hasta el momento varias pruebas de audiencias on line, las cuales han resultado positivas, cabe resaltar la realizada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito y por los Juzgados Penales de Conocimiento del Circuito de Valledupar, en concomitancia con la Fiscalía General de la Nación, ¿por qué no se aplica esta medida en todas las demás especialidades del Derecho? O es que acaso los problemas de índole civil, comercial, laboral y demás son de menos importancia para la Rama.
Tenemos que agremiarnos dejar egos de lado, y poner en cabeza de un Colegio de Abogados serio y representativo, la vocería para que, ante las altas Cortes, el Consejo de la Judicatura, y la Presidencia de la República se escuche la voz silente de este gremio, que es afectado permanentemente, y no tiene dolientes. Hacer un llamado al Presidente IVAN DUQUE y su equipo de trabajo, para que en esta semana de pasión, muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo vuelvan sus ojos misericordiosos, sobre estos profesionales independientes y se estructure en torno a estos, un plan de salvamento y un plan de liquidez inmediata, de lo contrario muchos de mis colegas pasarán a la lista de desempleados, y de cierre de empresas de servicios jurídicos.
