La Registraduría Nacional de Colombia lideró el informe sobre la Calidad de la Ciudadanía y la Democracia. Los resultados son llamativos en algunos acápites. En la encuesta, una de las primeras preguntas que se hizo fue: “Para usted, ¿qué tanto se cumplen las leyes en Colombia?”. El 52% de los colombianos dicen que las leyes no se cumplen nada, un 7 % dicen que se cumplen, mientras que un 41% manifestaron que se cumplen medianamente.
Obviamente el resultado confirma lo que diferentes investigaciones mostraban en varias ciudades: hay una crisis en las instituciones de justicia y seguridad del país. En lo fundamental, la población percibe una corrupción alta.
Además, ante robos, homicidios o agresiones, las instituciones del Estado tardan en responder y la justicia por mano propia comienza a surgir como una posibilidad. Un 15% de los encuestados confirmaron la posibilidad de hacer justicia por mano propia y un 74% estarían dispuestos a retener algún criminal hasta que las autoridades llegaran.
Ligado al anterior tema, ante la pregunta “¿Qué tan probable es que un delito sea sancionado y castigado por la justicia en Colombia?” el resultado es desastroso. Solo un 18% considera que es probable, un 46% medianamente probable y un 35% nada probable.
Demoras en el proceso y falta de confianza en las instituciones son las principales barreras para acceder a las instituciones de justicia. Luego se preguntó sobre si la presencia de la policía hace los barrios o comunas más seguras. Los resultados son igualmente desalentadores: el 26% considera que la policía sí hace más segura su comunidad mientras un 36% dijo estar en desacuerdo con esa afirmación.
Sobre el tema de la salud de la democracia colombiana, hay temas alentadores sobre la participación política, pero otros donde aún falta un largo camino por recorrer. Una de las preguntas interesantes fue: “¿con qué frecuencia se puede expresar libremente lo que uno piensa?”.
La respuesta fue que el 54% de los encuestados manifestó siempre poder hacerlo, el 32% medianamente y el 13% nunca poder hacerlo. Seguidamente se indagó “¿con qué frecuencia se puede votar libremente por el partido que se quiera?”, esta vez, el 72% de los encuestados manifestó poder hacerlo siempre, el 21% medianamente y el 6% nunca. Sin embargo, fue en el comparativo regional donde hay diferencias alarmantes.
En la respuesta de “se puede expresar libremente lo que uno piensa”, en Bogotá la cifra llegó al 51% y en Antioquia al 49%. Luego, en la respuesta de “se puede votar libremente por el partido que se quiera”, todas las regiones del país están por encima del 70%, algunas cercanas al 80%, por ejemplo, Bogotá está en 79%, solo Antioquia está en el 59%, una diferencia impresionante.
El estudio concluye que: “En cuanto al análisis regional, fue posible identificar que es en Bogotá (89%) y en la región Central (83%), donde existe la creencia de que con la democracia la gente puede elegir a sus líderes a través de elecciones populares (independientemente de su raza, género, religión…), mientras que la región Antioquia (52%), es la que menos está de acuerdo con esto”.
Pareciera que en Antioquia existe un proceso que en la Ciencia Política se denomina de homogenización política, donde el disenso es castigado de manera férrea y los factores de distribución del poder son administrados por una sola estructura política.
De hecho, hace algunas semanas, en la marcha contra el terrorismo, se presentaron varias agresiones a personas que pedían la paz y criticaban lo que ellos denominaban la política guerrerista del actual Gobierno de Duque. Entre los agredidos hubo un menor de edad y la persona que lo hizo ni siquiera sufrió un llamado de atención por parte de las autoridades.
También se indagó sobre la posibilidad de que en medios de comunicación asistieran personas con opiniones diferentes. En general, a nivel país, el 82% estuvo de acuerdo. En Antioquia, la cifra cayó al 63%, mientras que en Bogotá se situó en el 88%. Hay regiones del país, como Antioquia, donde la salud de la democracia es preocupante.
A todo lo anterior se le suma la percepción de la población sobre la transparencia en las elecciones. Los resultados muestran que el 46% de los encuestados manifiestan que no son nada trasparentes, el 40% medianamente transparentes y solo un 13% las consideran muy transparentes.
Así las cosas, con los actuales niveles de polarización y violencia política, la salud de la democracia debe estar en las prioridades esenciales del establecimiento y en general del mundo político. Se debe comenzar a debatir en universidades, en opinadores y centros de investigación sobre este asunto. Y claro, se debe intervenir esta situación.
