Aunque en la última asamblea de la Caja de Compensación Familiar—Comfamiliar, su gerente Ana Patricia López Ríos, sacó pecho al anunciar un saldo favorable en su estado financiero por la suma de $6.542 millones, en materia de salud la situación va de mal en peor, porque tiene 20 indicadores de desempeño que no ha cumplido.
Esta fue la razón por la cual la Superintendencia Nacional de Salud decidió ampliar Vigilancia Especial a seis (6) meses más y conminar a su gerente cumplir con las recomendaciones dadas o de lo contrario sería intervenida para asegurar la cobertura de salud a los pobres de Cartagena y Bolívar.
Lo curioso es que en esa asamblea encontró respaldo incondicional del Sindicato Único de Docentes de Bolívar – SUDEB, el mismo que ayudó al desfalco de Comfamiliar del anterior director administrativo, Felipe Quinto Mendoza Arias. Este hecho debe provocar un debate al interior del magisterio de Bolívar para cambiarle el curso a un ente que ha sido saqueado y que lo sigue siendo.
Existen muchas evidencias que analizaremos en próxima entrega para demostrar que, como Eps, sigue el carrusel de la contratación y de cómo se cobran pingües comisiones a través de una firma de auditoría representada por uno de los amigos de la actual directora administrativa de Comfamiliar y de cómo debe responderle al político que la llevó a ese cargo.
De igual manera cómo le ha favorecido en los pagos a ciertos prestadores del servicio de salud (por ejemplo a Clínica General del Caribe perteneciente al grupo García Romero) en perjuicio de Eses y otras clínicas que las mantienen a bordo de la quiebra por no pagar la deuda. Se tiene identificado al personaje que hace ronda cuando Comfamiliar le paga a los prestadores del servicio de salud. Este informe lo presentaremos —como es nuestra costumbre— con pruebas y señales para que la Fiscalía General asuma directamente la investigación.
La historia
Comfamiliar fue intervenida mediante Resolución 0211 del 17 de marzo/2014 por malos manejos financieros realizado por su gerente Felipe Mendoza Arias, quien aparentemente desfalcó una suma que pudo sobrepasar los $100.000 millones en un carrusel de contratación en compañía de su consejo directivo a cuyos miembros los contrataba por terceras personas para desangrar el presupuesto de la entidad. Cuando fue intervenida, la Superintendente de Subsidio Familiar, María del Pilar González, dijo:
“Al Director y a su Consejo Directivo parecía que no les importaba para nada la caja de compensación”.
Con la intervención, además de Mendoza, fue removido el consejo directivo integrado por un grupo de ciudadanos de alto turmequé que fueron cómplices —por lo menos callaron— ante los actos de corrupción del director administrativo:
- Álvaro Francisco Vélez Bustillo, el “Mono Vélez”, gerente de relaciones humanas de Aguas de Cartagena.
- Pedro de Jesús González Soto
- Santiago Antonio Puerta Bula, representante legal de UCI del Caribecon la cual Comfamiliar contrató los servicios de hospitalización en 2013 por $818.072.380 y le dieron un anticipo de $649.939.539.
- Jairo Humberto Espitia Parra, propietario de la isla Suanoga.
- José Miguel Manzur Villalba, en su condición de representante de los empleadores.
- Luis Alberto Mendoza Periñán,líder sindical, quien fuera presidente de la CUT y del Sudeb.
- Manuel Salinas Casiani, Marlene Ospina Navarro, Jesús Vecino Quiñones y José Lucio Crizón Barrios, en representantes de los trabajadores.
La fiscalía se ha hecho de la vista gorda, porque después de 3 años de recibir la denuncia por las presuntas irregularidades, el caso está en completa impunidad, por lo cual se espera que el director de fiscalía de Bolívar desempolve este caso muy pronto. Fueron más de $100 mil millones defraudados a la institución con este acto de corrupción que involucra a representantes de empleadores y trabajadores que realizaron una alianza para quedarse con el dinero del subsidio familiar destinados a los empleados más pobres de Cartagena y Bolívar.
Por su parte la contraloría Regional emitió el auto No 04 de 2017 mediante el cual se le abrió juicio fiscal a los miembros del consejo directivo encabezado por el Mono Vélez y al gerente Mendoza solo por la suma de $350 millones, cuando están perdidos más de $100 mil millones.
El proceso de responsabilidad fiscal —que están esperando que prescriba— es el No 1736 de 2017, el cual tiene una responsabilidad penal y disciplinaria. Sobre este caso, presentaremos en próxima entrega un informe especial de la investigación periodística que le puede servir de insumo a la Fiscalía General .
En tanto la Contraloría General había designado a Gloria Malo Fernández, Contralora Delegada Intersectorial Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción para avocar la investigación de responsabilidad fiscal. (Ver la resolución de investigación) De hecho, en el proceso se vinculó al director administrativo Felipe Mendoza y a la directora encargada, María Pilar Acosta Barrios. La suma del detrimento patrimonial asciende a casi $40 mil millones que eran recursos del subsidio familiar para los trabajadores.
¿Dónde está la fiscalía? ¿Por qué no ha usado este de insumo para presentar a los responsables en los estrados penales?
¿Se repite la misma historia?
¿Se está repitiendo la misma historia y el mismo modus operandi que desfalcó a Comfamiliar? La Comfamiliar de Mendoza Arias tenía una frondosa burocracia, la contratación era amañada y había un carrusel que los contratos terminaban en una maraña creada por el director administrativo para favorecer a los del consejo directivo. La estructura organizativa no ha cambiado en la era de Ana Patricia López. (Presentaremos un informe de investigación que puede desvirtuar el informe presentado por Ana Patricia López en la última asamblea de Comfamiliar).
Un hecho que demuestra el problema de la contratación en el servicio de salud, la Supersalud lo expresa con el siguiente indicador que incumple:
«Comfamiliar Cartagena EPS a enero de 2018, presenta una cobertura de red prestadora de servicios para baja complejidad del 61% dejando un 39% de su población sin cobertura para acceder a estos servicios como puerta de entrada al sistema de salud. Asi mismo, presenta un porcentaje de cobertura para especialidades básicas del 67%, (pendiente 33% de cobertura), y para alta complejidad del 84%».
Realicemos un simple paneo. En la última resolución o4085 (dar Clic) del 27 de marzo expedida por la Superintendencia Nacional de Salud decidió prolongar la Vigilancia Especial Sobre Comfamiliar EPS, debido a que ésta no cumple con 20 indicadores, de los cuales mencionemos algunos:
- A diciembre de 2017 la entidad incumple con las condiciones financieras y de solvencia, establecidas en el Decreto 2702 de 2014, incorporado en el Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016. (Capital Minimo, Patrimonio Adecuado y Régimen de Inversiones de las Reservas Técnicas).
- La metodología de reservas técnicas no se encuentra verificada por la Superintendencia Nacional de Salud.
- La entidad no ha logrado capitalizar en montos y tiempos previstos en el Decreto 2702 de 2014, incorporado en el Decreto 780 de 2016.
La entidad no cuenta con una red de prestadores suficiente y legalmente constituida que garantice la prestación de los servicios de salud. - La entidad muestra falta de contundencia en las acciones adelantadas tendientes a dar solución ágil y definitiva al proceso de auditoría de cuentas médicas que se
encuentran represadas, situación que incide negativamente en la depuración de cartera con los prestadores.
Comfamiliar Cartagena EPS presenta incumplimiento en el indicador de Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría de primera vez, con
reporte en el informe de avance al plan de acción con corte a diciembre de 2017 de 8,5 días (promedio de 5 días). - La entidad incumplió el indicador de proporción de fórmulas médicas entregadas de manera completa con un reporte a diciembre de 2017 del 97,27% y el indicador de proporción de fórmulas médicas entregadas de manera oportuna para el mismo corte con reporte del 98%, dado que las mismas deben ser entregadas al 100%, antes de las 48 horas, teniendo en cuenta lo definido en el Decreto-Ley 019 de 2012 y resolución 1604 de 2013.y
Comfamiliar Cartagena EPS incumple con el estándar del indicador de Proporción de mujeres con toma de citología cervicouterina con reporte en el informe de avance al plan de acción del 18,7% y 18,7% con corte a diciembre de 2017 y enero de 2018.
Ana Patricia López Ríos está en problemas, porque podría correr la misma suerte de Felipe Antonio Mendoza Arias. El asunto es que tenemos las pruebas para que sea relevada del cargo y sometida a un proceso penal, como lo fue la primera interventora de la dirección de Comfamiliar, María Pilar Acosta Barrios.
