El pasado 4 de julio, se conmemoraron los 30 años de promulgación de la Constitución Política de Colombia. Constitución que nació del liderazgo de una generación de colombianos que pudo, no solo leer la convulsionada, violenta y compleja realidad social colombiana; sino interpretar, comprender y proponer salidas propositivas por las vías democráticas; dentro de esas salidas, se construyó una nueva constitución política, que representa un nuevo acuerdo o pacto social entre los distintos actores y sectores que representan la pluralidad y diversidad de la sociedad colombiana.
La Constitución del 91 repensó e hizo posible un nuevo contrato social moderno, que reemplazaba a la premoderna Constitución de 1886. Sin lugar a equívocos, la Constitución del 91 representa el pensamiento e ideario del mundo moderno; modernidad que ha permitido pensar y proponer un orden social equitativo, con libertades positivas y negativas al estilo de los antiguos, que reconoce la pluralidad de pensamientos, ideologías; creencias que identifican la cultura colombiana que tradicionalmente hemos desconocido y hasta anulado por vías violentas y excluyentes; sobre todo, justa para hacer posible la dignidad humana.
Este ideario de libertades, justicia y dignidad humana constituyen y encarnan el proyecto de la modernidad; proyecto que gestó e impulsó las revoluciones modernas en Europa y el nacimiento de un orden social civilizatorio que, para el caso de América Latina, dicho ideario moderno no ha sido nuevo; contrario a ello, motivó e impulsó procesos revolucionarios y emancipatorios; que inspiraron, en el caso de la Nación colombiana, los procesos de independencia y la construcción de la república.
[Mowplayer-Video ID=__47uCixF_c]En consecuencia, una de las razones que explican las distintas formas de violencia en la sociedad colombiana, es la permanente tensión entre un ideario moderno que representa un pensamiento transformador y unas condiciones sociales premodernas que desconocen y se resisten a cambiar y transformarse. Por consiguiente, la Constitución del 91 representa un pensamiento y contrato social moderno, plural e incluyente, que no ha podido ser aplicado plenamente; porque Colombia sigue siendo en gran medida, un país premoderno; es decir, no ha realizado los cambios estructurales en materia social, política, económica y cultural.
De igual modo, los avances sociales alcanzados han sido traumático y significado violencias, muertes y un derramamiento de sangres repetitivo. En este contexto, es necesario hacer mención del derecho a la educación superior pública; definida en la Constitución del 91 como un derecho fundamental garantizado por el Estado. Un derecho que debe ser masificado y democratizado sin sesgo ni exclusiones de ninguna naturaleza.
Solo a través del acceso a la educación y al conocimiento, una sociedad puede generar movilidad y transformación social; al igual que, procesos civilizatorios que permitan superar la barbarie e irracionalidad. Esta es una de las muchas tareas pendiente que no ha podido materializar la Constitución del 91. Cabe resaltar que, solo el 52% de los jóvenes colombianos acceden a la universidad, y el 48% restante no tiene posibilidades de ingreso; un drama social que requiere de una política pública estatal que garantice el derecho fundamental a la educación.
En este sentido, este derecho debe descentralizarse, en el entendido que, ciudades como Bogotá concentra 114 universidades; es decir, el 33% del total de universidades del país. Capitales como Cali, Bogotá y Medellín tienen el 52% del total de la oferta educativa superior. Es decir, el centro del país posee la mayor cobertura en educación superior; lo anterior, en constraste con lo que sucede en en muchas regiones de Colombia, en las que departamentos como Vichada, Guainía y Vaupés, no tiene universidades; a esto se suman los departamentos más afectados por el conflicto armado, que solo tienen entre 1 y 3 universidades.
Lo anterior, refuerza la tesis que hemos analizado en otros momentos sobre el excesivo centralismo con que se ha concebido y generado el desarrollo en Colombia; este es uno de los males que ha tratado de corregir la Constitución del 91; pero, sin buenos resultados. Por ello, en estos 30 años de existencia de nuestra Carta magna; la reflexión y la acción de la sociedad colombiana, debe centrarse en hacer realidad este contrato social que contiene la hoja de ruta de lo que Colombia debe hacer y construir para convertirse en una nación moderna.
Lo anterior, implica dialogar y construir entendimiento entre las distintas visiones, ideologías y concepciones que hacen parte del debate público nacional; todas son necesarias para pensar y construir un país sin exclusiones, odios o sectarismos. Una nación moderna se construye desde las diferencias y con los diferentes; solo así, es posible la inclusión y el reconocimiento.
