La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada de Salud y Seguridad Social realizó un informe en el que se constató que en el 21 % de los departamentos no se tiene en cuenta la caracterización de la población territorial y en el 15 % no ha sido adoptada la política de salud mental, entre estos Amazonas, Cauca, Huila, Cesar y Quindío.
En este sentido, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado para asegurar los servicios de salud de los pacientes con trastornos mentales, para que no sean impuestas barreras en su atención y para evitar que sean estigmatizados en el sistema general de salud.
“En nuestro informe de seguimiento a la implementación de la política nacional de salud mental, le recomendamos al Ministerio de Salud implementar medidas para asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios en todo el país, ya que hemos constatado que no tiene cobertura a nivel nacional, en especial en las zonas dispersas”, dijo el funcionario.
Añadió que en el informe se evidencia que las EPS no cuentan con suficientes redes de prestadores de servicios, lo que genera falta de oportunidad en la atención de pacientes. Tampoco existe continuidad en los tratamientos de quienes padecen enfermedades mentales y se evidenciaron deficiencias en la atención de los programas de drogadicción.
Igualmente la Defensoría del Pueblo emitió una serie de recomendaciones al Ministerio de Salud para asegurar la disponibilidad con enfoque diferencial de los servicios de salud y para que, en conjunto con las universidades, fortalezca los sistemas de información y la evidencia científica en el ámbito de salud mental.
También se recomendó a las EPS incluir en sus redes de atención los servicios de psiquiatría, psicología y terapias, y al Ministerio del Trabajo incentivar a los profesionales de psiquiatría, psicología y terapeutas para que trabajen en las zonas rurales y rurales dispersas.
“Todos los actores del sistema general de salud deben garantizar la continuidad de los servicios de los pacientes con enfermedades mentales, la oportunidad de las citas médicas y la entrega domiciliaria de los tratamientos para mejorar la capacidad de respuesta de los servicios. Estos son principios básicos para garantizar que los derechos de los pacientes estén en el centro de la implementación de la política pública“, puntualizó Carlos Camargo.
