Colombia cuenta con una de las democracias más estables y duraderas de la región, a pesar del descontento democrático que agita las sólidas democracias occidentales; resultado de programas sociales irrealizables, pobreza, desempleo, desigualdades aberrantes, entre otros males sociales y económicos; lo que ha generado el surgimiento de caudillismos, populismos y expresiones libertarias con narrativas negacionistas del Estado y las instituciones; tanto de izquierda como derecha. En medio de este contexto internacional de agitación democrática y polarización política nacional, los colombianos nos aprestamos a concurrir nuevamente a las urnas para elegir autoridades gubernamentales a nivel de gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos municipales; es decir, los poderes políticos territoriales que conducirían la institucionalidad regional en los próximos cuatro años.
Elecciones territoriales en un momento de la historia política nacional con un Gobierno de izquierda que ha propuesto una agenda progresista con énfasis en lo social; que incluye, reformas sociales, económicas y políticas como son: la reforma a la educación, la salud, pensiones y lo laboral; que de una u otra forma requieren los acuerdos y consensos para su viabilidad y aprobación por parte del Congreso de la República. En consecuencia, es ineludible que las agendas programáticas territoriales incorporen e integren la apuesta social aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo alrededor de los grandes temas y problemas que padecen las regiones; en especial, las más rezagadas e inequitativas.
Un tema central de estas agendas regionales debe ser la educación como factor de igualdad, progreso y desarrollo; concebir la educación como un factor esencial en el desarrollo humano y, como un fin en sí mismo, que permite preservar la vida; sin olvidar, que, la educación es un factor fundamental de la libertad de los seres humanos.
En este orden, la construcción de políticas públicas deben hacer énfasis en el acceso a la educación de calidad y pertinente a las necesidades sociales y económicas; de esta forma, la educación se convierte en un movilizador del desarrollo humano, social y del crecimiento económico. Es paradójico e irracional, que, conociendo la importancia de la educación como un factor de desarrollo humano, Colombia sea uno de los países del mundo, que, durante décadas y, de manera persistente haya mantenido tanta desigualdad social. Igualmente, una profunda desproporción en el acceso a la educación; situación más acentuada en las zonas rurales, población afrodescendiente, indígenas y familias extremadamente pobres; con hijos, quienes desde temprana edad se niega el acceso a una educación de calidad, condenándolos a una desigualdad perpetua entre una generación y otra. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – Ocde «En Colombia la movilidad social es muy baja; un niño que nace en un hogar de bajos ingresos tardaría 11 generaciones en alcanzar el nivel de ingreso medio del país». Esta es la forma como podemos entender la persistencia de la alta desigualdad social y la baja productividad en Colombia.
De acuerdo con lo anterior, se hace necesario, como imperativo social y moral, situar la educación en el centro de la vida pública y la agenda social de los gobiernos a nivel central y regional; para de esta forma lograr altos niveles de igualdad, crecimiento y desarrollo humano. Persistir en la lógica contraria, es una tragedia consciente que nos condena a una violencia perpetua.
