La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar en libertad al ex senador Jesús Puello Chamié por un caso de parapolítica, al no encontrar mérito para su detención, pone de manifiesto una de las más injustas facetas de este episodio de la vida política nacional en que muchos políticos, ciertamente, aunque no todos, apoyaron (por presión o por conveniencia) a grupos paramilitares que operaban en sus territorios.
Por supuesto, fueron y siguen siendo plausibles los esfuerzos de la justicia colombiana por sancionar ejemplarizantemente este tipo de comportamiento de quienes, desde los umbrales del Estado y también desde sus salones interiores más conspicuos, apoyaron el accionar de estos grupos ilegales, que se robaban el erario público, despojaban de sus tierras a pobres y ricos y realizaban asesinatos selectivos y colectivos entre la población civil.
No obstante, la parapolítica sirvió también para pasar facturas espurreas a dirigentes políticos que no aceptaban sus chantajes o no se dejaron seducir por los cantos de sirena de un régimen de terror que era propiciado desde las más altas esferas del Estado colombiano.
Tales fueron los casos, en Bolívar, de los exsenadores Jesús Puello Chamié y de Piedad Zuccardi, quienes fueron sindicados de asistir a sendas reuniones con jefes de grupos regionales paramilitares sin que nunca se les haya probado judicialmente tales hechos.
Hoy la Corte deja en libertad a Puello por faltas de pruebas como tuvo que dejar en libertad a Zucardi por idénticas razones.
Por supuesto, el daño a la honra y al buen nombre de personas como Puello y Zuccardi está hecho y le tocará al Estado resarcirlo. Pero antes que eso, tomar decisiones definitivas respecto de esos episodios para finiquitar las tramoyas que en derredor de la parapolítica montaron los desmovilizados de las AUC (cartel de testigos) y también por quienes se encuentran en las cárceles pagando condenas por execrables delitos cometidos al abrigo del negocio paramilitar
