Entre los economistas hay un consenso: admiten que la inflación es un grave problema; un fenómeno muy negativo que compromete el bienestar de las familias y el buen funcionamiento del sistema económico; y lo afecta con tanta fuerza que algunos lo conciben como una especie de cáncer del “cuerpo social”; una enfermedad que compromete seriamente la redistribución del ingreso, el nivel de empleo de la economía y el grado de certidumbre para la inversión.
Este reconocimiento ha llevado a que, en la mayoría de reflexiones sobre lo económico –desde el imperio romano hasta el surgimiento del capitalismo– la inflación se haya convertido en una de las enfermedades más estudiadas por este campo de estudio. Y con ello, la generación de un gran cúmulo de teorías y saberes en torno a las causas, naturaleza y consecuencias del fenómeno inflacionario.
Como ciudadanos, es decir, como personas vivimos en el mundo real social –donde la economía es una de las tantas esferas que más nos afectan–, el interés en la inflación se sitúa en las consecuencias que tiene para nuestros ingresos y calidad de vida. Pues, una vez comienza a presentarse el fenómeno, lo sentimos de inmediato en nuestra economía familiar. Tal como sucedió en Colombia en 2016 y como ocurre en este último año.
Desde marzo de 2021 la ciudadanía ha visto cómo el comportamiento de los precios está al alza. El indicador más conocido de la inflación –Índice de Precios al Consumidor (IPC)– no para de subir, y lo hace con tanta fuerza que se viene convirtiendo en una de las mayores preocupaciones de las familias en la actualidad. La gente siente cómo en esta coyuntura se viene generando un incremento generalizado y sostenido de los precios de muchos de los bienes y servicios que consumen.
En especial, los hogares pobres están observando, sin poder hacer nada, como los precios en las mercancías que compran están al alza. Ahora el precio de un kilo de papa o una libra de carne se incrementa fuertemente de un mes a otro, incluso duplicando su valor y dejándolos ante la única opción de comer mucho menos. En breve, sus ingresos, con el pasar de los días, se reducen, y con esto, las posibilidades de comprar todo lo necesario y conveniente para el sostenimiento de la vida.
En enero de este año, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) informó cómo el grupo de alimentos –banano, papa, arroz, etc.– y bebidas no alcohólicas –entre ellas, leche, jugos y gaseosas– incrementaron sus precios de un 19,9%, lo mismo los servicios de restaurante (10,7%) y transporte (6.9%), y la mayoría de bienes y servicios para el hogar (7,12%). Además, por supuesto, de los servicios públicos domiciliarios –electricidad, agua, telefonía y saneamiento básico– que se han convertido en un pago casi obligado que se requiere hacer.
En síntesis, la población está observando cómo con sus escasos ingresos ya no pueden comprar lo mismo que adquirían un par de años atrás. Cómo, a pesar del incremento salarial del 10%, el dinero no es suficiente ni para pagar lo mismo que consumían el año anterior. Lo que explica, en parte, que ahora se hable de la presencia real del hambre en sus casas y de que se sientan cada día más pobres.
Y es que el cáncer de la inflación discrimina y ataca con mayor fuerza a unos grupos poblacionales que a otros. En las familias con menores ingresos, los bienes y servicios que consumen se incrementaron en un 6.85%, entre enero y diciembre de 2021. Mientras que el nivel de precios de los hogares más ricos lo hizo en 4.39%, para el mismo período. Un incremento que, para este último grupo, se sitúa por debajo del IPC total (5,78%), viéndose menos afectadas las finanzas de los hogares ricos frente a los pobres.
Para la población pobre, que es la mayoría en Colombia, esta situación se puede leer como una reforma redistributiva. Los hogares pobres ven cómo la inflación está reduciendo sus ingresos; se comporta como una especie de impuesto que el Gobierno les cobra a los pobres por comprar los bienes y servicios para sobrevivir.
En este sentido, ven como el cacareado incremento del salario se esfuma de sus manos. Como, debido a la inflación del primer mes de 2022 –ubicado en 1.7%–, su avance en un aumento en el poder adquisitivo retrocede rápidamente. Incluso, el comportamiento acelerado de la inflación amenaza en pocos meses quitarles lo ganado un tiempo atrás y ubicarlos en una situación aún más deplorable. Pues, mientras los salarios suben una vez al año, los precios de los bienes y servicios que se compran lo hacen todos los días.
Un fenómeno inflacionario que también lo sienten los jubilados, ya que reciben este año, en términos relativos, menos dinero en sus pensiones. Los pocos ahorradores, que ven cómo los intereses que les entregan los bancos no compensan la pérdida de por el crecimiento de la inflación. Y los comerciantes, que ahora venden menos productos, aunque reciben el mismo dinero y las mismas ganancias.
Así, tanto la clase baja como la media en Colombia, están viendo cómo la inflación se convierte en un cáncer invasivo que consume sus pírricos ingresos y con ello la esperanza de mejorar su nivel de vida. Como los frutos conseguidos con las múltiples marchas públicas el año pasado –donde manifestaron su inconformismo por los bajos salarios– ahora, en poco tiempo, se esfuma. Y también, como el sueño de reducir las brechas en los ingresos con los 280 hogares más ricos del país, ahora desaparece y se profundiza la desigualdad económica.
En breve, estamos perdiendo en Colombia la lucha contra el cáncer invasivo de la inflación. El impopular fenómeno está provocando que la ciudadanía –que sueña con superar la línea de la pobreza– se aleje más de contar con unos ingresos suficientes para cubrir los gastos que requiere para vivir sin miseria. Un fenómeno que se come el tejido social de la confianza de la población vulnerable; y que hunde, aún más en el abismo, la esperanza de la ciudadanía de mejorar su nivel de vida.
