Después de firmado los acuerdos de la Habana entre el gobierno nacional y los rebeldes de las FARC, donde se logró desescalar la confrontación armada que durante 52 años vivimos los colombianos, son muchos los terceros o civiles que han solicitado postulación ante la JEP con el fin de resolver su situación jurídica.
Producto de esos acuerdos, nació la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, también conocida como Justicia Especial para la Paz, un mecanismo de justicia transicional que investiga y juzga a los integrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el Conflicto armado colombiano.
En cuanto a terceros en conflicto, considero que es necesario para el país que la JEP acepte los casos de terceros involucrados en el conflicto porque pueden contribuir a conocer la verdad de lo ocurrido durante estas últimas décadas de recrudecimiento del mismo. Por tanto, el llamado es para los civiles del departamento del Cesar, y también de otros departamento del Caribe, que apoyaron voluntaria u obligadamente en el conflicto, tales como ganaderos, políticos, empresarios y comerciantes.
En el caso del Cesar, para nadie es secreto que muchas familias tuvieron vínculos directos con grupos de extrema derecha (paramilitares) y también con grupos de extrema izquierda (guerrilla), por lo que considero que les llegó la hora que se postulen ante la JEP, para que digan la verdad y muchas víctimas del conflicto puedan superar su duelo. Actualmente, muchos integrantes de familias que apoyaron al paramilitarismo, quieren pasar de agache, después que compartían parrandas con paramilitares en un prestigioso club social de Valledupar. Esos anfitriones creen que no tendrán que responderle a la justicia y a cientos de víctimas que dejo esta guerra irregular en el departamento del Cesar.
Como para recordar, es el caso del representante Pedro Muvdi Aranguena. La Corte Suprema de Justicia lo condenó a 13 años y cinco meses de prisión, por sus vínculos con grupos paramilitares en el departamento del César. La Sala Penal del alto tribunal concluyó que Muvdi “hizo parte de la alianza paramilitar, constituyendo una trascendente pieza en el proyecto económico y político del Frente Mártires del Cacique del Valle de Upar, un grupo armado ilegal integrado al Bloque Norte, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40″.
También vale recordar las alianzas de civiles del departamento del Cesar con paramilitares para despojar y apoderarse de fértiles tierra de pequeños agricultores; para apoderarse del negocio de la salud a través IPS fechadas y de jugosos contratos de pavimentación. En este cubículo caen exfuncionarios públicos, exgobernadores, exalcaldes y hasta periodistas que se lucraron de contratos otorgados por la presión de los fusiles.
En su alianza con políticos del Cesar, “Jorge 40” se parceló el departamento a tres grupos políticos a los que era permitido con exclusividad hacer campaña a cargos públicos de elección. En este caso, era Jorge 40 decidía quien podía ser candidato y quién no.
Este jefe paramilitar fue quien más vínculos con la clase política del Cesar, información que tienen las autoridades colombianas y norteamericanas, pues en su poder se encuentra su computador personal, en donde se relaciona información de armamentos, listado de miembros del grupo, pagos y detalles de asesinatos, que dejaron una escalada de violencia de unos 20.000 hechos delictivos que afectaron a más 25.000 personas.
Bajo custodia de las autoridades, también hay una extensa lista con nombres de dirigentes políticos, empresarios, comerciante y familias del Cesar, vinculados con las autodefensas.
Hasta ahora, la JEP ha recibido 480 solicitudes de postulados civiles que buscan definir su situación frente a los hechos relacionados con el conflicto. Esperemos a ver quiénes lo han hecho por el Cesar.
