La pandemia del COVID-19 ha desnudado a la humanidad y nos ha demostrado que no somos invencibles. Además, ha dejado claro que debimos invertir en investigaciones, desarrollo, fortalecimiento y mejoramiento de nuestro sistema de salud, en lugar de gastar nuestra historia y tiempo en desarrollar armas y robustecer nuestras fuerzas armadas para defendernos de los ataques de otras naciones. Por todo lo anterior, este virus no ha golpeado, enviado al confinamiento y cambiado nuestro diario vivir, economía e idiosincrasia.
Así mismo, sin que nadie lo esperara, esta enfermedad nos comprobó lo vulnerables que somos como sociedad y como personas, sin contar con que nos obligó a implementar un aislamiento obligatorio para evitar su contagio y propagación. Lo anterior trajo como consecuencia que se declarara la emergencia manifiesta para así poder decretar paquetes de medidas y ejercer un verdadero Estado social de derecho, donde gracias a la intervención y ayuda del gobierno los ciudadanos puedan mitigar las necesidades y problemáticas que trae la cuarentena.
Mediante decretos con fuerza de ley, el gobierno nacional delegó la responsabilidad y gestión a los gobiernos territoriales para que con recursos de sus presupuestos hicieran frente a la crisis que por cuenta de la pandemia se vive en sus respectivos lugares: brindar ayudas biosanitarias y mercados, construir zonas de aislamiento, conjurar la crisis financiera del sector salud y demás medidas que le permitan a sus comunidades salir adelante y reducir al mínimo el número de contagios y pérdidas humanas.
Hasta aquí todo parece dentro de los parámetros de eficiencia y lógica para enfrentar la crisis y brindar garantías a la población, pero si analizamos las finanzas de la mayoría de municipios de Colombia, encontramos que más de novecientos no cuentan con recursos propios, relevantes y considerables que les permitan satisfacer las necesidades básicas de su población.
Los ingresos por regalías de muchos entes son irrisorios. Además, otros tantos padecen una crisis financiera y económica que los han conllevado a celebrar convenios de intervención o reestructuración (Ley 550), permitiendo con ello que gran parte de los recursos del Sistema General de Participaciones sean apropiados para cancelar deudas, imposibilitando que los gobernantes puedan contar con dineros para dar solución a la problemáticas que afectan a su gente.
No obstante, de manera folclórica, facilista y publicitaria el gobierno nacional conmina a los alcaldes para que asuman el pago de servicios públicos de su comunidad, mejoren la situación caótica que padece el personal asistencial de hospitales y centros de salud desde hace décadas, se hagan cargo del costo y adquisición de ayudas (mercados, elementos de seguridad) para la población vulnerable e implementen acciones de limpieza, desinfección y demás que permitan al ciudadano mantenerse en la cuarentena y de esta forma evitar el contagio y propagación de la pandemia.
El gobierno nacional debe asumir la responsabilidad que le asiste en un Estado social de derecho, garantizándole lo necesario a los entes territoriales cuyas finanzas se encuentran en crisis y no cuentan con los recursos financieros para mitigar los efectos de esta pandemia. Todo esto para así poder poner en práctica y garantizar que todas las medidas tomadas puedan ser aplicadas. De lo contrario, estaremos ante una seguidilla de decretos y regulaciones populistas y demagogas que solo agravan la situación social, financiera y de orden público en los municipios y ciudades para limpiar la imagen de gobierno nacional.
