Una isla de 96 hectáreas llamada ‘La Loma’ es uno de los terrenos más codiciados en Barranquilla. Su superficie aún sin urbanizar y su estratégica ubicación a orillas del río Magdalena lo han convertido en uno de los negocios inmobiliarios más atractivos de la capital del Atlántico. El desarrollo urbanístico ‘La Loma’, cuya inversión en 2014 fue avaluada en $500.000 millones busca volcar el desarrollo de la ciudad hacia Magdalena y constaría de 3.500 viviendas, una nueva sede para la Alcaldía, además de parques temáticos, centros empresariales y muelles para marinas tal y como se anuncia en la página web del proyecto.
Al menos un tercio de los terrenos de la isla fueron obtenidos en la primera alcaldía de Alejandro Char, denunciado penalmente en noviembre de 2015 por el abogado Fabián Enrique Araujo Polo por obtención de documento público falso y fraude procesal. El proceso no avanza y el fiscal a cargo fue recientemente capturado por sus actuaciones en otro caso, momento en el que se ventilaron denuncias de su presunta cercanía con los Char.
Al menos un tercio de los terrenos de La Loma fueron obtenidos en la primera alcaldía de Alejandro Char. Fue denunciado en 2015 por presunta obtención de documento público falso y fraude procesal.
La expedición del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que dió vía libre a La Loma en 2014, está siendo investigada por la Procuraduría y hace parte de un proceso administrativo pues habría sido aprobado con presuntas irregularidades. Entre 2016 y 2017 el proceso acumuló polvo en el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla, dependencia judicial que en ese lapso tuvo siete jueces al frente, hasta que fue fallada en contra del demandante. Hoy el proceso se encuentra para ser juzgado en segunda instancia en el Tribunal Administrativo del Atlántico.
De manera coincidente, cuatro jueces obtuvieron cargos de mayor prestancia luego de tener bajo su responsabilidad el avance del proceso. Uno de ellos pasó del juzgado oral a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, compartiendo sala con la entonces magistrada Margarita Cabello.
La Procuraduría, hoy en cabeza de Cabello, deberá decidir sobre la investigación disciplinaria en contra de Elsa Noguera y funcionarios de su alcaldía (2012-2015). Quien impulsó y elaboró el POT de Barranquilla como secretario de Planeación fue Miguel Vergara Cabello, sobrino de la procuradora.
Son de La Loma
El 8 de mayo de 2008, el entonces alcalde de Barranquilla Alejandro Char declaró el dominio del Distrito sobre 34 de las 96 hectáreas de la isla La Loma. Lo hizo sin presentar certificados de libertad y tradición y alegando que los terrenos eran baldíos de la nación cuando en realidad pertenecen a privados desde inicios del siglo XX. Así consta en las matrículas inmobiliarias de múltiples lotes de La Loma, conocidas por Cuestión Pública.
En ellas, también se ve que los predios ya habían sido de interés del Estado anteriormente. A mediados del siglo pasado fueron utilizados por el Ejército, lo que llevó a que el Ministerio de Guerra resolviera, en un documento de 1957, la devolución de los terrenos a sus propietarios. El documento, además, cita varios fallos de la Corte Suprema de Justicia, que desde 1951 esclareció la titularidad de los predios y determinó que los de La Loma no eran baldíos.
En 2008, el entonces alcalde de Barranquilla Alejandro Char declaró el dominio del Distrito sobre 34 hectáreas de la isla La Loma. Lo hizo sin presentar certificados de libertad y tradición y alegando que los terrenos eran baldíos de la nación cuando en realidad pertenecen a privados.
A falta de los certificados de libertad y tradición que Alejandro Char no incluyó en su solicitud, allegó una serie de certificados catastrales del lugar, emitidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sin embargo, el mismo Instituto a través de la resolución 2555 de 1988, dejó constancia de que dichos actos no constituyen títulos de dominio. Otra resolución del Agustín Codazzi, la 070 del 2011 confirmó ese concepto.
Fabián Araujo, abogado de las familias propietarias de las hectáreas de La Loma sobre las que el Distrito declaró titularidad en 2008, dijo a Cuestión Pública que basta con el precedente de mediados de siglo pasado para darse cuenta de que los terrenos no son baldíos: “El Distrito tiene conocimiento de que esos terrenos ya fueron recuperados en el siglo pasado y está prohibido volver a hacer una acción jurídica en contra de esos terrenos por los mismos hechos y las mismas arbitrariedades que ya se vivieron entonces”, afirmó.
Hoy esos privados continúan reclamando su propiedad por medio de una acción penal por, entre otros delitos, obtención de documento público falso y fraude procesal presuntamente cometidos por Alejandro Char como alcalde de Barranquilla. En la denuncia también se alega la expropiación, sin indemnización, de 16 hectáreas de La Loma en 2017 durante la segunda alcaldía de Char.
«Se trata de un despojo de tierras mediante escritura espuria», agregó Araujo, cuya denuncia contra Alejandro Char duerme en la Fiscalía porque, según él, “el fiscal no ha presentado escrito de acusación ante un juez de control de garantías.” Por ese motivo presentó una queja ante la Fiscalía por considerar que el fiscal del caso, Gustavo Adolfo Orozco Pertuz, “se ha mostrado renuente a impulsar la investigación”.
Orozco Pertuz fue capturado el 15 de diciembre de 2020 en un proceso por prevaricato en el caso del Hospital Metropolitano de Barranquilla y, un día después, la periodista Maria Jimena Duzán denunció la cercanía de la casa Char con Orozco, fiscal al que coincidentemente le llegaban los procesos que tocaban al exalcalde.
¿ImPOTable?
Así como Char habría actuado para asegurar la viabilidad del multimillonario proyecto, el 28 de febrero de 2014, la entonces alcaldesa Elsa Noguera –miembro del Clan Char-, expidió por decreto el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que daba luz verde para la construcción de La Loma.
Noguera desconoció que horas antes el Concejo de Barranquilla había aprobado otro POT que declaraba a La Loma como “una zona paisajística y recreativa”.
Noguera desconoció que horas antes el Concejo de Barranquilla había aprobado otro POT que declaraba a La Loma como “una zona paisajística y recreativa”, tal como lo afirmó la entonces concejal Ester Molinares. Por el contrario, el POT de la alcaldesa Noguera dejó en firme el desarrollo urbanístico de la isla.
Según declaró Noguera en medios, lo hizo porque los tiempos con los que contaba el Concejo habían vencido desde la primera semana de febrero. Pero la alcaldesa casualmente sacó a relucir el argumento del vencimiento de términos justo cuando vio el proyecto de La Loma derrumbarse y sufrir otras modificaciones.
Cuestión Pública revisó las actas del Concejo para esas fechas y encontró que la Alcaldía participó de los debates sobre el POT que se dieron en el Concejo a finales de febrero de 2014, aún cuando los supuestos plazos parecían vencidos.
El 24 de febrero el secretario de planeación, Miguel Vergara Cabello, sobrino de la exministra de Justicia y hoy procuradora general Margarita Cabello, asistió a uno de los debates del POT en representación del Distrito y presentó una propuesta de edificabilidad. Eso contradiría el argumento de que, para esa fecha, el Concejo ya había perdido competencia por extralimitarse en los tiempos de debate.
Cuatro días después, el 28 de febrero, el mismo día en que Noguera afirmó que los plazos del Concejo se habían vencido hacía semanas, Diana Mantilla, funcionaria del Distrito, asistió al Concejo en representación de Vergara Cabello.
Además, fue la misma alcaldesa Noguera que por medio de un decreto del 9 de enero de ese año convocó al Concejo a sesionar de manera extraordinaria hasta finales de febrero con motivo de la expedición del POT.
La posible ‘jugadita’ de Noguera al aprobar el POT por decreto está en la mira de la Procuraduría y es materia de un proceso que cursa en el Tribunal Administrativo del Atlántico: el ciudadano José Rodríguez Jiménez interpuso una demanda contra el POT por posibles irregularidades en el trámite.
Para Rodríguez, el que Noguera convocara al Concejo a sesiones hasta el 28 de febrero habría inducido al error a los concejales pues les habría hecho creer que, si la citación iba hasta ese día, aún estaban dentro del plazo establecido para la aprobación del Plan. “Es cuando la Alcaldía se da cuenta de que [los concejales] no aprobaron varios ítems del POT, entre ellos la edificabilidad de La Loma, que la alcaldesa Elsa Noguera decide expedir el POT por decreto”, dijo Rodríguez a Cuestión Pública.
Y de hecho, algunos cabildantes sí se sintieron engañados. “Lo sucedido fue la crónica de una adopción anunciada”, manifestó en ese entonces el presidente del Concejo, Luis Zapata, quien también discrepó sobre lo dicho por la alcaldesa y el vencimiento de los tiempos.
La posible ‘jugadita’ de Noguera al aprobar el POT por decreto está en la mira de la Procuraduría y es materia de un proceso que cursa en el Tribunal Administrativo del Atlántico.
La investigación preliminar en la entidad disciplinaria ha avanzado a tal punto que la Viceprocuraduría, a través de la resolución 0402 del 6 de octubre de 2020, le delegó competencia a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal con el fin de solicitar la suspensión preventiva del POT, en caso de encontrar motivos para hacerlo.
En esa resolución no aparece mencionado el nombre de Alejandro Char, aún cuando su actuación era parte de la indagación preliminar de la queja que instauró Rodríguez. Ante la ausencia del indagado, Rodríguez envió un derecho de petición a la Procuraduría preguntando si el exalcalde Char había sido desvinculado de la investigación. Con inusual rapidez su solicitud fue dada por “finalizada” un día después de que fue recibida. Sin embargo, Rodríguez aseguró a Cuestión Pública que, a la fecha de esta publicación, no ha recibido respuesta.
La apertura de un pliego de cargos o el archivo del proceso se darían durante la cartera de la nueva procuradora Margarita Cabello, tía de Miguel Vergara Cabello, el secretario de planeación de ese Plan de Ordenamiento Territorial. La nueva procuradora también está relacionada con Alejandro Char, pues ambos fueron denunciados por el ganadero Luis Enrique Guzmán Chams por varios delitos, entre ellos, el de constreñimiento a la justicia.
Ese es un posible conflicto de interés que se suma a los recientes cuestionamientos de los que se ha defendido Margarita Cabello Blanco sobre sus nexos con cuestionadas figuras de la costa: el empresario David Name la acusó de interferir en la justicia en Barranquilla y las columnas de Daniel Coronell demostraron su cercanía con el capturado senador Eduardo Pulgar, quien pudo haber empleado una maniobra jurídica para que sea Cabello quien conozca su caso y no el anterior procurador general, Fernando Carrillo.
Carreras en ascenso
La demanda que interpuso el ciudadano José Raúl Rodríguez Jiménez frente al POT aprobado por la entonces alcaldesa Elsa Noguera estuvo quieto durante un año y dos meses en el Juzgado Tercero Oral Administrativo de Barranquilla. En paralelo cuatro jueces que tocaron el proceso, entre 2016 y 2017, pasaron a ocupar puestos de mayor rango en magistraturas y en el Ministerio Público.
“En este despacho han pasado varias situaciones administrativas que no han permitido que los jueces titulares permanezcan por mucho tiempo en dicho cargo, toda vez que fueron nombrados en cargos magistrados (sic) o similares”, aseguró la jueza Orfa Moscarella Camayo, quien finalmente falló contra Rodríguez.
Cuatro jueces que tocaron el proceso, entre 2016 y 2017, pasaron a ocupar puestos de mayor rango en magistraturas y en el Ministerio Público.
Según Moscarella, la presunta cadena de ascensos sucedió así: luego de presidir la audiencia inicial del caso del POT el 26 de abril de 2016, el juez Javier Eduardo Bornacelly Campbell no asistió a la audiencia probatoria que citó para el otro día, pues se encontraba de permiso. Dejó el Juzgado Tercero a principios de mayo. Tres meses después fue nombrado como magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico.
En junio llegó su reemplazo, Javier Francisco Lizcano Rivas, quien días antes de renunciar tampoco fue a la audiencia probatoria que citó para el 2 de septiembre porque estaba ocupado realizando trámites para asumir como Procurador 117 Judicial II Administrativo en Barranquilla, cargo que ocupa hasta el día de hoy.
La audiencia probatoria finalmente ocurrió con el juez en provisionalidad Abelardo Sánchez Riveira, quien se apartó del cargo luego de ocuparlo entre octubre y diciembre de 2016 para pasar a ser magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, según dijo Sánchez a Cuestión Pública. Lo sucedió el juez Edgardo Manuel Atencio Royero, quien a pesar de haber ocupado la dignidad durante cinco meses (de enero a junio de 2017), se fue sin juzgar el caso.
De allí pasó a ser magistrado de la Sala de Casación Laboral en Descongestión de la Corte Suprema de Justicia, en donde compartió sala con la entonces magistrada Margarita Cabello, hoy procuradora general. Como ya se ha dicho, Cabello es tía del entonces secretario de planeación de Barranquilla, Miguel Vergara Cabello, figura clave para orientar y liderar la planeación del POT investigado por la Procuraduría.
Aunque Atencio Royero inicialmente solicitó licencia por dos años para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, hoy continúa siendo magistrado auxiliar de la Alta Corte, según la página web de la misma.
«Como regla esto no debería ocurrir y menos en un tiempo tan corto porque la carrera judicial busca precisamente la estabilidad y no la rotación o cambio», afirmó César Augusto Valderrama Gómez, investigador de la Rama Judicial en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia).
Antes el orgullo de lo público, hoy el abandono de los privados
El proyecto se encuentra en su peor momento: debía entregarse en 2018 y al día de hoy la construcción no ha comenzado.
En la sesión virtual de ediles de la Localidad Norte Centro-Histórico del pasado 20 de noviembre, Mario Salah, gerente de la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), afirmó que el proyecto que iba a brindar amplios espacios para el disfrute y goce de los barranquilleros está paralizado porque la promotora privada encargada del proyecto perdió interés en él.
“Ese espacio se encuentra ‘out’ (…) La Loma está en manos de una promotoría (sic) que hoy simplemente, de pronto, ha perdido su sabor y la esencia al tema del desarrollo, porque no ve garantías [de] cómo puede devolverse la inversión”, dijo Salah.
La promotora encargada del proyecto es Covein S.A.S, de propiedad de Guillermo de Jesús Cuello Lascano, miembro suplente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Las constructoras llamadas a su desarrollo son Amarilo, Constructora Bolívar, Marval, Prodesa y Constructora Colpatria. Para cumplir la promesa de volcar la ciudad al río también sería necesario invertir $300.000 millones de recursos públicos, como afirmó en 2015 el entonces alcalde Alejandro Char.
Consultada por Cuestión Pública, la gobernadora Elsa Noguera hizo saber a través de su secretaria de prensa que la expedición del POT se ajustó a lo requerido por la ley. Miguel Vergara Cabello, ahora secretario de Desarrollo Económico en la gobernación de Noguera, fue contactado telefónicamente y dijo no recordar si había asistido a debates del POT cuando los plazos estaban supuestamente vencidos.
Este medio también quiso saber si la procuradora Margarita Cabello se declararía impedida en el caso que involucra a su sobrino. La solicitud de información se hizo a través de su jefe de prensa Ángela Calderón, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Bonus Track
El 17 de noviembre de 2020 la asesora de la Procuraduría Provincial de Barranquilla, María Isabel Lach y su madre de 78 años, fueron encontradas sin vida en su casa. Lach fue quien recogió las pruebas de la investigación disciplinaria contra Noguera en el caso del POT de Barranquilla y el proyecto La Loma. Los hechos aún son materia de investigación. Tomado: cuestionpublica.com
