En menos de veinticuatro horas se conoció, por un lado, la masacre en Piamonte Cauca en el que el líder social Hamilton Gasca y sus dos hijos Robert (11 años) y Kevin (15años); fueron asesinados. Por otro lado, el asesinato del firmante de paz Carlos Alberto Castillo, en el departamento de Tolima.
Entre las horas de la noche y la madrugada de este sábado 4 de abril, hombres armados llegaron hasta la vivienda de Hamilton en la vereda La Consolata, en Piamonte (Cauca), y abrieron fuego en contra de la vivienda. Las versiones apuntan a que la esposa de Hamilton y otro hijo habrían podido escapar, pero de ellos no se ha podido determinar su paradero.
En la mañana de este 3 de abril, Carlos Alberto Castillo se encontraba en su lugar de residencia, en la vereda del Berlín del municipio de Ataco —entre Planadas y Río Blanco—; fue abordado por hombres armados quienes lo asesinaron. El partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común señaló:
“Los enemigos de la paz son quienes jalan el gatillo, los que dan la orden y también quienes miran indiferentes este exterminio. Sí, Iván Duque, es con usted”.
Un asesinato tras otro
Estos hechos ocurrieron justo unas horas después de que Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, denunciara que en corrido de 2020 han sido asesinados 13 líderes y lideresas y 20 personas en proceso de reincorporación.
Asimismo, la situación de violencia selectiva contra líderes y lideresas continúa siendo crítica. De hecho, desde la Misión de Verificación de la ONU señalaron que había 13 asesinatos; lo cierto es que hace falta que se confirmen 43 asesinatos para saber si corresponder a liderazgos sociales en lo que va corrido de este año.
Según cifras de Pares, en 2020, a nivel territorial han sido asesinados firmantes de paz de la siguiente manera: (2) Antioquia, (3) Caquetá, (1) Cauca, (2) Chocó, (1) Cundinamarca, (3) Huila, (3) Meta, (2) Putumayo, (1) Sucre, (2) Tolima y (2) Valle del Cauca. Sobre líderes y lideresas: (3) Antioquia, (1) Bolívar, (2) Caquetá, (8) Cauca, (1) Cesar, (2) Chocó, (3) Córdoba, (2) Huila, (2) Norte de Santander, (5) Putumayo, (1) Santander.
Por su parte, la ONG DeJusticia — Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad— este 3 de abril logró que fallaran una tutela “a favor de la protección de líderes y lideresas sociales en Colombia y del derecho a defender derechos humanos en Colombia”.
De acuerdo con Dejusticia, el juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá amparó los derechos fundamentales de varios líderes sociales y ordenó al Gobierno Nacional proteger sus derechos aún en medio de la pandemia. El Estado debe garantizar que las defensoras y los defensores realicen libremente sus actividades; protegiéndolos cuando son objeto de amenazas.
Asimismo, el Gobierno Nacional debe adoptar medidas de seguridad colectivas, reconocer y promover la labor comunitaria y garantizar la no impunidad para que no exista miedo en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y se pueda seguir desarrollando.
Tras los asesinatos líderes, lideresas y firmantes de paz
De acuerdo con Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, hay tres cosas para analizar:
“Por un lado, los asesinatos en medio de la pandemia, lo que indica es que los líderes están desprotegidos, entre otras cosas, porque debido al virus no tienen esquemas de seguridad; quedando a merced de los criminales. Sobre esa realidad, de líderes y lideresas encerrados en casas sin sus condiciones de seguridad, no hubo estrategia de seguridad que respondiera a estos escenarios que se preveían”, señala Ávila.
“Lo segundo, es que esta situación de violencia selectiva ha quedado sepultada por la pandemia. Los asesinatos de líderes y lideresas, temas como Ñeñepolítica, temas que no le convienen al gobierno y, eso será así por un buen tiempo; mientras se siguen cometiendo asesinatos de manera muy silenciosa”, sentencia Ávila
Lo tercero, es que esa estrategia de silenciar lo que está sucediendo, sumado a que, por la cuarentena bajen los indicadores de seguridad; será un discurso político del cual se intentarán aprovechar, señala el analista político.
Fortalecimiento de Estructuras Armadas Ilegales
Para Diego Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea de Conflicto Paz y Posconflicto de Pares, se requiere una presión para la implementación del Acuerdo de Paz, ante la falta de voluntad política del Gobierno Nacional, y un cambio en el enfoque de seguridad pues este resulta ser: anacrónico, implementado en el marco de un contexto de guerra y no tiene en cuenta las particularidades del crimen organizado.
Frente a al recrudecimiento de la violencia en contra de la población en proceso de reincorporación, según el investigador, tiene que con que en las zonas en que están adelantándose los procesos de reincorporación están siendo sujeto de disputa de grupos armados ilegales por las economías ilegales; principalmente toda la cadena de producción de clorhidrato de cocaína, también el tema de minería ilegal.
Para Restrepo, en Colombia, hay dos panoramas:
El primer panorama, tiene que ver con que existe un fortalecimiento de estructuras ilegales. “Un ejemplo de ello tiene que ver la disputa que han tranzado el ELN con los Pelusos, en el Catatumbo. Asimismo, por la presencia de un actor como las disidencias de Farc, del frente 33. También está el caso del Clan del Golfo en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, lo que ha desatado un gran impacto en Ituango, una de las zonas más golpeadas para esta población.”
De acuerdo con Restrepo, estos fortalecimientos ponen en riesgo a los líderes y lideresas que adelantan ejercicios de defensa del territorio, del medio ambiente, sustitución de cultivos de uso ilícito, defensa Derechos Humanos. A su vez, la victimización es para la población en proceso de reincorporación. Por ejemplo, aquellos que estén promoviendo mecanismos de implementación del Acuerdo de Paz, sentencia el investigador.
Para Restrepo, el segundo panorama tiene que ver con que “esta proliferación de la violencia debe ser analizada a partir de una serie de políticas de seguridad que ha implementado este gobierno.
En particular, hay que hacer señalar que el Gobierno Nacional ha hecho del enfoque represivo y militarista; la apuesta de seguridad. Es decir, la militarización de los territorios que, por ejemplo, en el Pacífico Nariñense ha derivado en violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública.
Falta de voluntad política y una política anacrónica
Así las cosas, esta situación de violencia selectiva se acrecienta debido a la falta de voluntad política del gobierno Nacional para atender la difícil situación de derechos humanos, señala el investigador. Por ejemplo, hay un incumplimiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, pactada en el punto 3 del Acuerdo de Paz.
Además, se duplicaron instancias como lo fue el caso del Plan de Acción Oportuna (PAO), esta política de gobierno lo que ha generado es una serie de dificultades, ya que —entre otras cosas— excluye a la sociedad civil de la participación de ese PAO y deteriora legitimidad de las instituciones de Estado”, concluye Restrepo.
