Veintitrés años después de haber visto al Palacio de Justicia arder, la entonces fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, decidió desengavetar los archivos sobre la toma del M-19 y la sangrienta retoma del ejército. Allí encontró una lista de supuestos guerrilleros dados de baja en combate. No pudo creer que estuviera en esa lista el nombre del magistrado Carlos Horacio Urán. Él era uno de los 11 magistrados que componían la gloriosa Corte Suprema de Justicia que se había convertido en un palo en la rueda, por ejemplo, a los llamados extraditables e incluso a un sector de las Fuerzas Armadas.
Buitrago, hoy en día ministra de justicia del gobierno Petro, fue hasta la Escuela de Caballería y encontró una de las dos evidencias indiscutibles de que a Urán lo habían matado de un tiro de gracia algún oficial del ejército: en ese lugar, en donde además también se torturaba, encontró la billetera con los papeles del magistrado 23 años después de su muerte. Además, los camarógrafos del noticiero PROMEC, Nelson Vargas y Álvaro Freddy Acevedo, quienes estuvieron cubriendo para ese desaparecido medio, las incidencias de la toma y retoma del Palacio, le entregaron a Ignacio Gómez de Noticias Uno un video en donde aparecía, en un puñado de segundos, al magistrado Urán saliendo del Palacio cojeando pero con vida. No cabía duda: a Urán no lo mataron en el baño en el fuego cruzado entre guerrilleros del M-19 y soldados, sino que lo habían ejecutado.
Encontró otras verdades terribles no sólo con la desaparición de Urán sino con la de otras 10 personas. Fue a cementerios donde desenterró cuerpos, revisó 1.500 horas de videos grabados en 1985, consultó libros, fotografías, regresó a la vida la memoria perdida de los muertos. Incluso llegó a recuperar el cuerpo de Carlos Urán. La Fiscalía demoró un tiempo para entregárselo a la viuda, la profesora uruguaya Ana María Bidegain.
La investigación duró dos años. Fue durante el segundo periodo de la larga estadía presidencial de Álvaro Uribe y el comienzo del gobierno de Juan Manuel Santos. Unas semanas después de que este se posesionara fue despedida de su cargo. Era el injusto pago que recibía por haber logrado algo histórico: haber llamado a indagatoria a tres generales en retiro, Iván Ramírez, Alfonso Plazas Vega y Jesús Armando Arias Cabrales.
Los tenía contra la pared pero siempre existirá una fuerza que salve a los poderosos en este país, sobre todo si tienen charreteras. El 7 de septiembre del 2010 el fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago le pagó su valentía echándola de la Fiscalía. Ni siquiera se lo dijo de frente. Sólo pidió las renuncias protocolarias de todos los funcionarios y la única que aceptó fue la de Buitrago. En una entrevista dada al portal La Silla Vacía Ana María dijo, sin que le temblara la voz, “Hubo ruido de sables de algún sector político o militar, y pidieron mi cabeza”.
Tuvieron que pasar tres años para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le diera la razón y condenara al estado colombiano por esos desaparecidos. Su investigación cobró más relevancia cuando Plazas Vega – a quien después le quitarían los cargos- lo condenaran a 30 años de cárcel por desaparición forzada, en enero del 2024 al general Arias Cabrales lo sentenciaron a 35 años de prisión por el mismo delito y al oficial Iván Ramírez también le cayó una condena por el holocausto del Palacio. Sin Ángela María Buitrago no le habría quedado claro al país la macabra participación de las Fuerzas Armadas en la Retoma al Palacio de Justicia.
Perfil bajo y metas claras, Ángela María participó en la comisión que intentó aportar la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Estuvo en la terna que presentó el gobierno para reemplazar al fiscal Francisco Barbosa y en junio fue nombrada como al nueva ministra de Justicia.
Su nombre vuelve a estar en el sonajero público después de que se diera una inexplicable decisión: este 31 de julio se dio a conocer que una fiscal delegada ante la Corte negó que el magistrado auxiliar Carlos Urán hubiera salido vivo de palacio, desconociendo las pruebas irrefutables que había ayudado a juntar Buitrago. Según como lo detalló la W Radio “Desde la primera autopsia está determinada la causa de su deceso por el tatuaje de pólvora en el cráneo: “murió por proyectil de 9 milímetros disparado contra su cabeza a contacto”. Ninguna de las dos fuerzas en contienda, ni guerrilleros ni soldados, traían esta arma el día del combate. Sólo los oficiales. Quedaba claro que Urán había sido ejecutado acaso por orden y acción de un oficial del ejército.
Ante este nuevo contratiempo a la verdad la viuda de Urán, la profesora Bidegaín, apelará. En noviembre del próximo año los hechos del Palacio de Justicia cumplirán cuarenta años. Y la verdad total, absoluta, nada que aparece.
