Es una gran oportunidad. Varios hechos justifican la importancia para la administración de justicia la elección de la nueva fiscal general de la Nación.
La relación entre criminalidad y política, sigue operando con la complicidad de jueces y fiscales. El pasado 30 de noviembre reapareció la matrona de su clan familiar y primera dama del Cesar Cielo Gnecco. Lo hizo en actos oficiales entregando obras y subsidios en Valledupar, luego de estar 50 días prófuga de la justicia, a propósito de una orden de captura en su contra por el secuestro y asesinato de dos contratistas de la Gobernación del Cesar, hechos ocurridos en noviembre del 2002. Todavía nos preguntamos por cual será la reacción del fiscal general de la Nación ante tan insólita y temeraria reaparición de “Doña Cielo”, si el mismo Barbosa públicamente prometió impedir una nueva burla a la justicia, luego de que la oscura fiscal vallenata Nancy del Carmen Martínez revocara la orden de captura en su contra emitida por un Fiscal delegado ante el Tribunal de Valledupar. Barbosa anunció “enérgicamente” que el proceso sería trasladado a Bogotá y que solicitaría de inmediato a la Comisión de Disciplina Judicial se investigara la conducta de la fiscal Martínez, de quien se dice es pariente de la familia Gnecco.
En las últimas semanas, una investigación del periodista Daniel Coronell, como resultado del trabajo de inteligencia de dos agentes encubiertos del CTI de la propia Fiscalía, puso al descubierto un entramado delictivo que compromete de manera grave al director del ente investigador en Buenaventura. Lo más insólito es que al parecer personas cercanas a Martha Mancera, Vicefiscal y mano derecha del Fiscal General, ocultaron la información derivando en una inquietante inacción desde los más altos niveles del ente investigador del Estado. Un manto de duda ha dejado otros escándalos en el pasado en un organismo creado por la Constitución de 1991 para fortalecer y cualificar la investigación criminal en Colombia como eslabón central en el funcionamiento de la justicia. La infiltración de los carteles del narcotráfico y de los grupos paramilitares, las actuaciones dudosas en graves casos de corrupción como el de Odebretch o el entrampamiento al proceso de paz, para solo mencionar algunos de ellos. Pero no solo ello ha socavado la legitimidad de la fiscalía general. También le ha hecho mucho daño la tentación política y electoral en la que han caído algunos fiscales generales. Es como si la silla del fiscal general estuviese poseída por un extraño embrujo como para convertirlos, por arte de la exposición mediática y el inmenso poder del cargo, en candidatos presidenciales.
Por ello es una buena noticia que la Corte Suprema de Justicia haya iniciado, después de muchos avatares, el proceso de elección de la nueva fiscal general de la Nación y que según el alto tribunal concluirá a finales de enero o en la primera semana de febrero del 2024, para que la nueva Fiscal inicie su periodo sin contratiempos y dilaciones, cuando termine el de Barbosa. El presidente Gustavo Petro acertó finalmente en la selección de la terna. Por primera vez en la historia de la fiscalía es una terna de solo mujeres. Son además tres mujeres de altos quilates profesionales y con una destacada trayectoria como penalistas. Ángela María Buitrago además de su alto perfil académico, es reconocida por la investigación sobre los desaparecidos de la cafetería en la toma del Palacio de Justicia; Amelia Pérez, como Fiscal de Derechos Humanos adelantó investigaciones sobre el paramilitarismo por masacres como las de El Aro, Trujillo y Mapiripán; y Luz Adriana Camargo hizo parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) donde actuó como jefa de investigación y litigio. Para destacar que, contrario al pasado reciente, ninguna de las ternadas puede ser consideradas candidatas de las entrañas del presidente de la República, lo que ofrece plena garantía de independencia. Cero riesgos de equivocación para la Corte.
La nueva Fiscal tiene la enorme responsabilidad de recuperar y fortalecer la credibilidad nacional e internacional de la fiscalía general de la Nación. Debe enfrentar de manera decidida todo tipo de organizaciones y estructuras criminales, desempolvando investigaciones que extrañamente han sido engavetadas en las anteriores administraciones y eliminar cualquier duda de penetración o infiltración de organizaciones ilegales en el ente investigador. Las investigaciones sobre los entramados delictivos que dan cuenta de las perversas relaciones entre criminalidad, política y justicia que rodean a clanes políticos como los Gnecco, Char y otros en el Caribe o en el resto del país, seguramente serán una prioridad. En el marco de la recuperación del principio constitucional de colaboración con los demás poderes públicos, debe con urgencia establecer una relación armónica con el gobierno nacional, cuidando y ejerciendo celosamente su autonomía. Y sobre todo, superar la mala costumbre de convertir a la fiscalía en un trampolín electoral presidencial. Esa es la gran oportunidad que tiene esta vez la justicia, ultima malla protectora de toda democracia.
